Acuerdo en el Congreso, disturbios en las calles. Oficialismo y oposición aparcaron sus diferencias y avalaron esta madrugada, por amplia mayoría, el proyecto que le autoriza al Gobierno de Argentina a refinanciar la deuda por 44.500 millones de dólares contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri, y evitar así el default.
La votación se saldó con 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, y evidenció las fracturas internas que ha generado este acuerdo en el seno del oficialismo. Durante buena parte de la sesión, se ausentó Máximo Kirchner, renunciante jefe del bloque oficialista, muy crítico con la negociación con el FMI. Kirchner finalmente se presentó para votar negativamente.
La mayoría de votos favorables provino de las dos principales coaliciones parlamentarias, el Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, acompañados por los interbloques Federal y Provincias Unidas. El texto aprobado da el visto bueno a las operaciones de crédito público que acordó el Poder Ejecutivo con el FMI para financiar los futuros vencimientos. Este año el país debería afrontar pagos por 19.000 millones de dólares y, en 2023, otros 20.000 millones de dólares.
La votación fue precedida de serios disturbios en los alrededores de la sede del Parlamento argentino en Buenos Aires, cuando manifestantes que protestaban contra el nuevo acuerdo con el FMI se enfrentaron con la Policía.
Los incidentes incluyeron el lanzamiento de piedras por parte de un grupo de manifestantes, en su mayoría encapuchados. Las fuerzas policiales respondieron con disparos de balas de goma y el accionar de agentes en motocicletas, que dispersaron a los manifestantes.
Fuentes consultadas por EFE indicaron que un manifestante fue detenido y que tres policías resultaron heridos.
La protesta había sido convocada por organizaciones de izquierda y movimientos sociales para expresarse en contra del nuevo acuerdo con el FMI y las políticas de "ajuste" que conllevaría el nuevo programa de facilidades extendidas para refinanciar dudas con el Fondo por unos 45.000 millones de dólares.
Dificultades políticas
El entendimiento anunciado hace exactamente una semana, tras arduas negociaciones abiertas en 2020, solo entrará en vigencia si, tras su aprobación en el Congreso, es aprobado también por el Senado y luego consigue el aval del directorio del FMI, un proceso que se da a toda marcha debido al inminente riesgo de cese de pagos de Argentina.
El Gobierno presidido por Alberto Fernández espera contar con una aprobación definitiva del nuevo programa de facilidades extendidas y con un primer desembolso por parte del FMI antes del próximo día 22, cuando Argentina debería afrontar un pesado vencimiento con el organismo.
Pero no es solo es una cuestión de tiempos. El Ejecutivo tuvo que afrontar serias resistencias al acuerdo tanto de parte de la oposición como del sector oficialista cercano a la vicepresidenta argentina y titular del Senado, Cristina Fernández.
De hecho, para lograr habilitar el debate de este jueves en la Cámara de Diputados, el Gobierno tuvo que ceder ante la exigencia del mayor frente opositor, Juntos por el Cambio, de excluir del proyecto de ley para aprobar el acuerdo todo aquello referente a las políticas económicas y las metas comprometidas con el staff del FMI.
Así, la iniciativa sólo autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito con el FMI para poder afrontar los pesados vencimientos con el Fondo entre este año y 2024 derivados del acuerdo "stand by" firmado en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
