El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo este miércoles que el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "debilita" la separación de poderes y la libertad de expresión.
Nichols publicó esta afirmación en su cuenta verificada de Twitter a propósito de la conclusión de la misión de la encargada de negocios de Estados Unidos, Jean Manes. Señaló que Manes alargó su estancia en el país centroamericano para dirigir los esfuerzos de Estados Unidos de "construir puentes con la Administración Bukele frente al retroceso antidemocrático en El Salvador".
"A pesar de haberse comprometido con promulgar reformas democráticas básicas, la administración del presidente Bukele continúa con acciones que debilitan la libertad de expresión, el estado de derecho, la separación de poderes y las protecciones básicas para la sociedad civil y medios de comunicación", indicó Nichols, quien añadió que, pese a que "el Gobierno de Bukele rechaza el camino hacia una relación bilateral productiva", su país "sigue firme en su compromiso de trabajar con los salvadoreños en pro de una nación segura, próspera y gobernada democráticamente donde todos puedan salir adelante".
Manes dijo el lunes que el Gobierno salvadoreño no muestra "interés por mejorar la relación" e indicó que una señal de esto son los "ataques" que reciben de los medios gubernamentales. Afirmó que llegó al país tras el 1 de mayo, cuando asumió una nueva legislatura ampliamente oficialista en el Congreso salvadoreño que removió a los jueces constitucionalistas de la Corte Suprema y al fiscal general, como un "puente" para ver si el país seguiría por un "camino no democrático" o no. Manes señaló que la referida remoción se dio de una forma "no constitucional". "Estamos haciendo una pausa (en el diálogo) porque el Gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal" en la relación bilateral con Estados Unidos, agregó.
Bukele, recientemente, acusó a Estados Unidos de financiar a las organizaciones humanitarias que, a su juicio, son "oposición" y días después promovió en la Asamblea Legislativa una ley de agentes extranjeros, criticada a nivel internacional. La misma, que tiene luz verde para su votación en el Congreso, establece un impuesto del 40 % de la financiación de las ONG y penas de cárcel a quien "ejecute actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado, valiéndose para ello de fondos recibidos por mandante extranjero".
El mandatario aseguró en Twitter que su propuesta "es básicamente la misma ley que tienen en Estados Unidos", pero Manes lo desmintió e indicó que "no tiene nada que ver" con la legislación estadounidense. La diplomática de EE.UU. también dijo que "es poco creíble" que esta propuesta busque transparentar los recursos que reciben las ONG y cuestionó el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la reserva de información pública.
