El Gobierno de Perú, presidido por Dina Boluarte, decretó este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta en su contra, en tanto el expresidente Pedro Castillo seguirá detenido, al menos, 48 horas más.
Tal como adelantó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, el decreto supremo que declara el estado de emergencia fue publicado este miércoles en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales. En su primer artículo, precisó que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalló en su segundo artículo.
Respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisó, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, la norma recordó que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de "perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación".
En este caso, el Ejecutivo adoptó esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país con el saldo de ocho fallecidos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
Reacción ante las protestas ciudadanas
El titular de Defensa explicó, este miércoles, que la declaración del estado de emergencia responde a "los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas".
"Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno", dijo el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.
Por su parte, Boluarte afirmó que las protestas, que estallaron el último fin de semana, "ya están saliendo del marco legal, tomando comisarías, carreteras, aeropuertos, eso no está dentro de una protesta legal".
"En otras oportunidades, en las protestas, siempre la Policía ha acompañado (a los manifestantes), pero ahora está siendo agredida, más de 200 policías agredidos", indicó Boluarte.
Por tal motivo, la jefa de Estado hizo nuevamente un llamado a la calma, pues aseguró que el Ejecutivo quiere generar un diálogo con la población porque conoce que "las necesidades de nuestra querida patria" actualmente "están sin atenderse".
Pedro Castillo sigue detenido
En tanto, la situación legal del expresidente Castillo sigue en suspenso, pues el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se mantenga en detención preliminar por 48 horas más, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva por 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, la cual se postergó para el jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentó Castillo ni sus abogados defensores.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Antes del inicio de la audiencia, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, afirmó que la Justicia de su país está "violando todos los procesos", al haber programado en pocas horas la vista del pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva para el exgobernante peruano.
Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a "coactar" (sic) su libertad.
El juez Checkley aprobó el martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro y asesor jurídico Aníbal Torres por la presunta comisión del delito de rebelión y otros, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
