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La libertad de prensa, asediada en Nicaragua

El país registra al menos 104 ataques a periodistas en febrero, incluida la condena a dos críticos con el Gobierno de Daniel Ortega.

EFE

La libertad de prensa está bajo asedio en Nicaragua. El país centroamericano registró al menos 104 ataques contra la libertad de prensa en febrero pasado, incluida la condena a dos periodistas críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega. Así lo denuncia la red regional Voces de Sur.

El aumento de la "judicialización" de la práctica periodística, el silencio de las fuentes informativas, así como el exilio forzado de periodistas nicaragüenses son otras constantes de la Nicaragua actual, según Voces del Sur.

La citada organización es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.

En total, Voces del Sur ha documentado 104 casos de violaciones a la libertad de prensa en el segundo mes del año: 85 fueron perpetrados en contra medios de comunicación y 19 contra personas naturales, según el informe de esa red creada en 2017.

Condenas judiciales

Entre los casos más llamativos se encuentra la condena de dos periodistas bajo la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, que los cataloga de "traidores a la patria".

El primero fue Miguel Mora, que aspiró a la Presidencia de Nicaragua por la oposición antes de ser encarcelado en junio pasado y condenado a 13 años de prisión por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional.

Mora es fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y que ahora se transmite en plataforma digital.

El segundo fue Miguel Mendoza, arrestado el 21 de junio de 2021 y ahora condenado a 9 años de prisión por el mismo delito que Mora.

"Mendoza es cronista deportivo con más de 30 años de experiencia. Su abogado declaró que el detenido ha permanecido en una celda de castigo desde su encarcelamiento y ha sido víctima de torturas, interrogatorios y no ha podido reunirse con su hija menor de edad", señala Voces del Sur.

En el caso de Mendoza, agregó, la Fiscalía presentó como pruebas tweets y publicaciones de Facebook en las que el cronista compartía sus opiniones sobre la coyuntura social y política del país.

Seis periodistas exiliados

Voces del Sur también registró seis casos de periodistas que tuvieron que exiliarse por la inseguridad que enfrentaban en el ejercicio de la práctica periodística en Nicaragua y el incremento de la judicialización por parte del Gobierno en contra de la prensa independiente.

"La lista cada vez se hace más larga, considerando que al menos 62 periodistas han tenido que expatriarse desde junio del 2021 hasta febrero del 2022", indica el organismo.

Asimismo, esa red observó que el cronista deportivo exiliado Julio Jarquín afirmó que la dirección de Radio Corporación, emisora en la que trabajaba antes de abandonar el país, tomó la decisión de no divulgar ningún tipo de contenido crítico contra el gobierno y que, en su caso, le solicitaron enfocarse únicamente en su contenido deportivo.

Anteriormente, esa emisora canceló la transmisión de varios programas críticos de la gestión pública del país, entre ellos Onda Local y Confidencial Radio.

"Desde Voces del Sur lamentamos que se continúen cerrando importantes espacios que luchan por la libertad de expresión, prensa e información", indica el organismo, que menciona que el canal televisivo Condega Visión cerró sus puertas en febrero, "convirtiéndose así, en el segundo medio en cesar operaciones en 2022".

Los ataques contra periodistas y medios independientes se han incrementado luego de las protestas masivas contra el presidente Ortega en abril de 2018.

Desde entonces, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

EFE