En Nicaragua, una serie de juicios a líderes y activistas opositores al régimen de Daniel Ortega se está saldando con numerosas condenas por conspiración.
El miércoles, la Justicia del país declaró culpables a cuatro dirigentes de la disidencia por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Uno de los condenados fue el líder campesino Medardo Mairena, quien había anunciado sus intenciones de presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones del noviembre pasado, en las que fue reelegido Ortega. Los otros tres fueron el también dirigente rural Pedro Mena, el politólogo José Antonio Peraza y el campesino Alexis Peralta.
El viernes, fueron condenados el exvicecanciller nicaragüense y antiguo guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jérez. En ambos casos la Fiscalía pidió 13 años de prisión.
Con estos dictámenes judiciales aumentó a 17 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno declarados culpables en los últimos 11 días.
Opositores condenados
Entre los opositores condenados recientemente por conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional se encuentran la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, que fue compañera de lucha de Ortega contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle; la exprimera dama María Fernanda Flores Lanzas, esposa del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002); y el periodista Miguel Mora, que aspiró a la presidencia de Nicaragua.
El Ministerio Público acusó a los opositores de haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Los juicios se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
Peticiones internacionales de liberación
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las "graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua".
Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua "a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018" que, de acuerdo con los organismos humanitarios nicaragüenses, suman 170, incluido más de 30 que están siendo procesados desde la semana pasada.