Pedro Castillo ya no es presidente del Perú. El líder izquierdista precipitó este miércoles el fin de su turbulento mandato al dictar la disolución del Congreso horas antes de que se votara una moción de destitución en el Parlamento que, según todas las cuentas, no iba a prosperar. Tres horas después de ese anuncio, Castillo acabó detenido y expulsado del poder por los parlamentarios. Dina Boluarte, la hasta entonces vicepresidenta, pasó a ocupar su lugar, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia del país.
Por sorpresa, sin avisar en sus redes sociales o a través de su equipo de prensa, Castillo había comenzadola jornada con un mensaje en video transmitido a la nación con las manos temblorosas y al que, durante horas, no se tuvo acceso a través de las redes sociales de la Presidencia.
"Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo el todavía mandatario, quien pidió "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses".
En su mensaje, Castillo también ordenó un toque de queda a nivel nacional y la reorganización "del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)".
Abandonado por su Gobierno
Minutos después de que Castillo difundiera su mensaje, su propio Gobierno le dio la espalda.
El primero fue el entonces canciller, César Landa, quien presentó su renuncia y pidió ayuda a la comunidad internacional para frenar las intenciones de Castillo. "En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución", escribió en su cuenta de Twitter.
Tras la cadena de renuncias de ministros, la vicepresidenta y nueva jefa del Estado, Dina Boluarte, denunció en sus redes sociales que el movimiento de Castillo era un golpe de Estado.
Moción en el Congreso
Lejos de amedrentarse, el Congreso cerró las puertas del Palacio Legislativo y, ante la impasividad de policías y militares que nunca abandonaron sus cuarteles o comisarías, adelantó el voto de la moción de vacancia (destitución), la tercera a la que se enfrentaba Castillo en el último año y medio.
Los congresistas coincidieron al calificar como un golpe de Estado la decisión de Castillo y modificaron la idea inicial de la moción de vacancia por "permanente incapacidad moral", debido a las diferentes investigaciones abiertas contra Castillo por corrupción, al señalarlo directamente por golpe de Estado. En esas circunstancias, 101 de los 130 congresistas votaron a favor de destituir a Castillo que, en paralelo, abandonó casi en secreto y por la puerta de atrás el Palacio de Gobierno.
Mientras se esperaba el resultado de la votación, la fiscal general, Patricia Benavides, condenó "de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional" que se pueda presentar en su país. "Quiero empezar rechazando de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional", enfatizó Benavides durante una ceremonia que había sido programada previamente por el Ministerio Público.
Más lejos fue el presidente el Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, quien hizo un llamado a través del Canal N a las Fuerzas Armadas del país para "restablecer el orden constitucional".
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, hizo un llamado este miércoles a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho".
"Demandamos a las instituciones correspondientes mantenerse firmes en el respeto al estado de derecho y pedimos a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a mantenerse vigilantes en defensa del estado democrático de derecho", dijo Barrios en un mensaje transmitido en las redes sociales del Poder Judicial.
La detención de Castillo
Tras la contundente votación, Castillo fue detenido en un confuso hecho que circuló ampliamente por las redes sociales. Rodeado por su escolta presidencial, se hizo público que había sido destituido y, según pudo conocer poco después EFE, los policías que lo resguardan lo detuvieron y lo trasladaron a la prefectura de Lima.
Por ahora se desconocen las acusaciones que pesan sobre él, pero el artículo 117 de la Constitución, tras el que se ha amparado otras veces, dice que el presidente en ejercicio solo puede ser acusado por cuatro causas.
"Traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral", detalla.
Mientras se desconoce el futuro de Castillo, Boluarte acudió al Congreso para jurar como la primera presidenta de Perú en 200 años de historia republicana.
Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, juró "por Dios, la patria y la Constitución" y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.
Añadió que entre sus compromisos estará "defender" la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país.
"Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros", sostuvo antes de afirmar que "se ha producido un intento de golpe de Estado promovido" por Castillo.
