El periodista mexicano J. Jesús Lemus, preso político entre 2008 y 2011 por su crítica al entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), asegura en una entrevista con EFE que el “cártel judicial” operante en México convierte al país en un “Estado fallido”.
“México es un Estado fallido desde el momento en que una sentencia no se ajusta a la realidad. (...) El solo hecho de que una persona acuda a un juez y que no le aplique la justicia significa que el Estado no está funcionando”, advierte el periodista, que acaba de lanzar su nuevo libro, El cártel judicial (Grijalbo, 2024).
En su texto, Lemus radiografía el sistema judicial mexicano y sus “células criminales” que operan, “por definición”, como un cártel al “dictar una sentencia no fincada en el derecho para favorecer a alguien detenido” o para “coludirse con el crimen organizado”. De hecho, señala los vínculos entre este poder y el narcotráfico, aunque sus tentáculos se extienden al resto de órganos públicos.
“En los cárteles hay casas de seguridad, carrilleras, rifles… Y acá hay togas, juzgados y oficinas de magistrados, pero viene siendo la misma operación”, asevera el autor, quien agrega que “México está plagado de corrupción”, problemática que llega a su punto álgido dentro del estamento judicial porque, en su opinión, es “muy oscuro”.
“No hay un solo funcionario del Poder Judicial que esté procesado actualmente, y eso que se reconoce que hay delitos”, lamenta, y apostilla que es el organismo con “más delitos de violencia sexual”.
Esta “perversión” utiliza diferentes herramientas, pero el periodista destaca el papel del hipergarantismo, que define en el libro como “tomar como rehén a las garantías individuales de las personas para justificar la liberación de criminales”.
“No se puede hacer pendejo el juez diciendo que se cometió (el delito), pero no fue a la hora en la que dice el parte, fueron cinco minutos después y, entonces, se va. El hipergarantismo es la mejor capa para encubrir la impunidad en México”, relata.
Reforma, sí, pero no la de López Obrador
Ante este panorama, Lemus ve necesaria una “renovación moral”, pero no comulga con la iniciativa constitucional que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el pasado 5 de febrero para que los jueces sean elegidos por voto popular.
En su opinión, el mandatario pretende “seguir impregnando de partidismo” a la impartición de justicia y lamenta que focalice su crítica en que los magistrados “ganan más que él”.
“Él quiere que se elijan los jueces y que salga un juez de un partido político y que la gente lo elija. Esto va a ser peor”, advierte.
Aunque está a favor de que la ciudadanía vote a los magistrados, apuesta por que el “semillero” del Poder Judicial sea la Escuela Federal de Formación Judicial y que, de ahí, se seleccionen los aspirantes que deberán ser refrendados.
Su paso por la cárcel
Lemus, que cuenta con más de 30 años de carrera periodística, estuvo en prisión entre 2008 y 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de ser narcotraficante después de plantear la vinculación entre el entorno del presidente y La Familia Michoacana, uno de los grupos delictivos que operan en el país. “Fui de los primeros que cuestionaron el inicio de la guerra contra el narcotráfico”, señala.
Explica que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, “hizo una historia” para abrirle un proceso penal y llevarlo a la cárcel, donde estuvo durante tres años.
“Me agarré al periodismo para poder sobrevivir”, reconoce, pues, en aquella época, conoció y conversó con numerosos narcotraficantes y “otros grandes personajes del mundo criminal”, como el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio (1994), Mario Aburto.
Con la mirada puesta en el futuro, Lemus ve viable una “limpieza” dentro del sistema judicial mexicano y adelanta que tendría que venir del propio estamento, con una “evaluación interna” que permita apartar a los magistrados corruptos.
“Encontré que de cada 10 jueces por lo menos dos se portan rectamente. (...) Si tenemos 1.611 juzgadores, quiere decir que, por lo menos, 160 son buenos. (...) Son en ellos en los que debe recaer la reforma”, recomienda.
