Muchos dicen que nunca habían visto una protesta igual, un tsunami de manifestantes de espíritu ambientalista que este viernes inundaron las principales avenidas de Ciudad de Panamá al grito de "no" a un contrato que otorga una concesión a una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
"Somos patriotas, no vende patrias", cantaban los miles de manifestantes en un mar de banderas panameñas, sin símbolos de partidos políticos o gremiales, unidos por el objetivo común de lograr la derogación del contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, ratificado hace una semana por el presidente, Laurentino Cortizo. Ese acuerdo establece una concesión de 20 años, prorrogables a otros 20, para operar en unos terrenos situados en la costa del Caribe capaces de producir unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
Tras la firma del contrato el pasado viernes llegó un fin de semana de cierta calma que se rompió el lunes, con manifestaciones diarias contra el acuerdo minero que concluían con choques de unos pocos contra la Policía.
Pero ninguna protesta reunió a tantos manifestantes como la de hoy, 50.000 según los organizadores, que agradecían altavoz en mano la presencia masiva y pacífica de esa marea humana durante los kilómetros de recorrido por la capital panameña.
Al otro lado del altavoz, en muchos momentos de la marcha, estaba una joven menuda con un huracán dentro, Camila Aybar Monteaguado, una activista digital-ambiental, según sus palabras, y que animaba a los miles de participantes con eslóganes y discursos.
"Los jóvenes (...) nos estamos apoderando de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país", afirmó a EFE Aybar minutos antes de comenzar la marcha.
La joven activista criticó que ese contrato "aprueba que una empresa minera pueda tener la mina más grande de cobre de todo Centroamérica en un país que no es minero, y en una ubicación que es un área protegida que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano que contiene la biodiversidad más rica de 8 países".
Aybar insiste en que "los beneficios económicos de esta destrucción no valen la pena", por lo que el movimiento 'Panamá Vale Más Sin Minería', un paraguas de alrededor de 100 organizaciones ambientales, no se detendrá hasta la derogación del acuerdo.
El discurso del presidente
Justo antes de comenzar la marcha se anunció que el presidente panameño daría un discurso a la nación sobre el contrato minero, el segundo en menos de una semana.
En el primero dijo que el acuerdo minero era un problema heredado de otras administraciones, y que lo que lograron con los sucesivos cambios fue reducir las concesiones y establecer ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco, además de generar 9.300 empleos.
"Yo espero del (nuevo) anuncio de nuestro presidente, desaparecido y corrupto, una moratoria minera, que detenga la actividad minera en todo el país, para realmente iniciar el proceso de derogación del contrato (...) No vamos a parar con la moratoria, vamos a parar cuando el contrato sea derogado, cuando el contrato cese de existir", adelantó la activista.
A mitad de la marcha, a las 6 de la tarde, Cortizo habló, pero la petición de la activista fue escuchada a medias: anunció la prohibición de nuevas concesiones de minerías metálicas al tiempo que dijo estar abierto a "conversar" sobre el polémico contrato minero.
La decepción fue mayúscula para los miles de manifestantes que escucharon sus palabras replicadas por los altavoces móviles de los organizadores. De inmediato cayó una gran tromba de agua.
"Beneficios exorbitantes" a una empresa canadiense
Entre los manifestantes también se encontraba el reconocido activista ambiental Ricardo Wong, presidente de la Fundación PRO-MAR y del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, además de miembro del colectivo organizador.
Wong explicó a EFE que un punto importante del malestar colectivo es que "la mayoría de los artículos (del contrato) van en contra del Estado panameño. Pareciera que fue escrito solamente por la First Quantum".
"Es más que un contrato minero, le estás dando puerto, le estás dando generación eléctrica, les permites hacer urbanizaciones, centros comerciales, eso no debe estar dentro de un contrato minero. Se ve que es algo fuera de lo común. No lo comprendemos", dijo.
Y es que Panamá es muy sensible a todo lo que sea cesión de territorio, después de convivir durante casi un siglo con los estadounidenses tras la construcción del Canal, que administraron y controlaron hasta el año 2000.
"Estás dándole a una transnacional beneficios exorbitantes sin una razón lógica, y nunca han sido justificados", sentenció.