La violencia sistemática, la impunidad y la no protección de sus derechos son los "grandes obstáculos" que enfrenta la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI) en Latinoamérica. Así lo indicaron el pasado 12 de octubre diversos expertos reunidos en Tegucigalpa, Honduras.
Víctor Madrigal-Borloz, un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, declaró a la agencia EFE que la comunidad LGBTI sufre "violencia sistemática" y no tiene acceso "al disfrute de diferentes derechos esenciales como la salud, vivienda y educación".
"Todos estos sectores ven afectados su acceso [a sus derechos] debido a estructuras que se han construido por décadas y que perciben que la existencia de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o géneros diversos son de alguna manera antisociales o enfermizas", subrayó Madrigal-Borloz.
Este jurista costaricense participó en una charla en Tegucigalpa con miembros de la comunidad LGBTI, funcionarios hondureños y diplomáticos. Madrigal-Borloz destacó la importancia de reconocer que estas "barreras de acceso operan en la exclusión social" y crean "espirales de discriminación" que impactan de manera importante en la vida de las personas LGBTI.
La realidad de la comunidad LGBTI en Latinoamérica "es preocupante", por lo que es necesario tomar medidas para "eliminar la impunidad y crear acceso a la política pública", señaló el experto.
Madrigal-Borloz indicó que erradicar esa impunidad es una cuestión de "voluntad política", pero también es importante eliminar la homofobia, transfobia y la lesbofobia de los discursos políticos. Además, desmantelar estructuras de exclusión que puedan ser "obstáculos legales" e impulsar una legislación que promueva la inclusión social de estas personas.
La pandemia del coronavirus ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades LGBTI en la región latinoamericana, según Madriga-Borloz. "Las personas LGBTI enfrentan la pandemia en una situación de desigualdad estructural, es mucho más difícil para ellos tener acceso al crédito, tener ahorros, hay mucha más representación en el sector informal", explicó el experto.
La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Tegucigalpa, Isabel Albaladejo Escribano, dijo que las cifras de asesinatos de la comunidad LGTBI en Latinoamérica son "preocupantes", pero afirmó que Honduras es el país que tiene "la tasa más alta de muertes violentas" de estas personas.
Entre 2009 y lo que va de este año, al menos 389 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados en Honduras y la impunidad rodea a más del 90% de esos casos, según activistas.
La OACNUDH contabiliza este año una veintena de muertes violentas de personas LGBTI, de ellas tres corresponden a lesbianas, nueve gays y ocho transexuales, señaló Escribano.
Las cifras de Honduras son "preocupantes" y se registran en un "contexto de discriminación y violencia generalizada" contra esta población, enfatizó la representante de OACNUDH. Esta violencia ocurre, según Escribano, a partir de una "cultura de impunidad y normalización".
Escribano afirmó que la falta de investigación y una sanción adecuada de los agresores de miembros de la comunidad LGBTI contribuyen a que estos casos queden impunes. Cuestionó además "la impunidad social, es decir, una sociedad indolente que no reacciona frente a estos niveles de violencia y discriminación".
Escribano indicó que la OACNUDH considera "una prioridad" la promoción y protección de los derechos humanos de la comunidad LGTBI, sobre todo en un contexto de "limitaciones al reconocimiento" de estos derechos.
