En la madrugada del 30 de diciembre de 2020, el Senado argentino aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, después de una sesión de casi 12 horas. Pandemia mediante, en las afueras del Congreso nacional, al calor del verano de Buenos Aires, con barbijos y los ojos llenos de lágrimas, la multitud festejó la decisión de la Cámara Baja. En distintos puntos del país también se celebró ese cambio de signo histórico frente al revés que el proyecto había recibido dos años antes, en 2018.
Identificada con el número 27.610, la nueva ley entró en vigencia el 24 de enero de 2021. Fue en ese momento cuando Argentina se sumó al escueto grupo de países latinoamericanos donde el aborto es legal en las primeras semanas de gestación, formado por Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.
A un año de la aprobación de la Ley de IVE, Argentina transita una incipiente implementación que ha conllevado cambios sustanciales en las prácticas de interrupción del embarazo en el sistema de salud público, que puede analizarse en cifras oficiales y que también ha puesto de manifiesto los obstáculos en algunos territorios del país consecuencia de las desigualdades estructurales, la presión de los sectores antiderechos y la crisis sanitaria generada por la pandemia.
“Nuestro país es muy heterogéneo y eso hace que las prácticas también en salud sean muy heterogéneas y que estén atravesadas por creencias religiosas, por posturas más o menos conservadoras; teniendo en cuenta esto creo que este primer año de la ley es positivo, podemos ver provincias donde se está implementando muy bien, que son las que tienen un acompañamiento de la conducción política”, explica Mónica Macha, diputada nacional por la coalición Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujer y Diversidad, quien tuvo un rol fundamental en la recolección de votos y construcción de consensos políticos para conseguir que el proyecto de ley saliera adelante en la Cámara Baja.
En este mismo sentido, a pocos días del aniversario de la ley, el Gobierno argentino hizo balance sobre el impacto de la sanción en el territorio nacional. De acuerdo con los datos oficiales, en este primer año, se realizaron, dentro del sistema público, 32.758 abortos en condiciones seguras, mientras que la línea 0800 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo (entre 2010 y 2020, esa línea respondió 17.302 llamados). En la actualidad, existen 1.243 hospitales y centros de salud que garantizan la práctica, una cifra que aumentó un 30% desde que se aprobó la ley. Asimismo, este año se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol (un 150% más que en 2020) y alrededor de 900 efectores de salud recibieron capacitaciones sobre el contenido técnico y legal de la IVE.
Los datos presentados por el Gobierno de Alberto Fernández también reflejan las resistencias a la nueva norma. A lo largo del año, los grupos opositores presentaron 35 causas judiciales contra la ley, de las cuales solo cinco siguen en curso porque el resto han sido rechazas por el Poder Judicial. Al día de hoy, en la Corte Suprema hay dos causas: una perteneciente a la provincia de Salta y otra a la de Córdoba. “Estos sectores ultraconservadores han estado y siguen estando muy activos y entonces vemos permanentemente intentos de socavar este derecho. Y me parece que ahí lo que se da también de algún modo es una tensión permanente entre bloques de pensamiento político de quienes queremos avanzar y ampliar derechos y quienes tienen una mirada conservadora de la construcción familiar. A nuestro favor, logramos construir redes y fortalecernos y eso nos llevó también a poder contar hoy con la Ley de IVE”, afirma Macha.
La pregunta entonces aparece inquietante e ineludible en este panorama de implementación de la ley, ¿cuáles son los desafíos de acá en adelante? “La enorme responsabilidad política que ejercimos quienes luchamos por la conquista de esta ley durante estos años nos obliga a seguir en campaña y a cosechar la alerta feminista sin fronteras”, sostiene Laura Salomé Canteros, periodista feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que desde 2005 lucha por el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas gestantes desde una perspectiva de salud pública, justicia social y derechos humanos. Algunos de los puntos donde poner la mira son en las mujeres que aún siguen presas por abortar, en las presentaciones judiciales que obstaculizan el acceso a la salud integral, en las niñas obligadas a gestar, a parir y criar; en la información y acceso a métodos anticonceptivos, y en el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.
Avances en América Latina
La marea de pañuelos verdes y su conquista de ampliación de derechos desbordaron los márgenes nacionales y generaron olas también en otros países de América Latina que han logrado impulsar o acelerar proyectos en este mismo sentido.
Uno de los primeros lugares donde la sanción de la IVE generó resonancia fue en México, donde el aborto está regulado de forma distinta en los 32 estados. Ahí, este año Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima han aprobado iniciativas para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. De esta forma se han sumado a Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, y a Oaxaca, donde se aprobó en 2019.
Otra de las conquistas registradas en un país donde se escucha fuerte el lema de “¡Con mis hijos no te metas!”, promovido por los grupos antiderechos católicos y evangélicos, se produjo el pasado 7 de septiembre, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila. La medida sienta jurisprudencia y marca un precedente. “A partir de este fallo, ninguna mujer debe estar en la cárcel por haber cometido un aborto, y esto, como consecuencia directa, lo que hizo fue que muchas mujeres salieran de cárcel sin tener que seguir sus procesos, aún cuando no estuvieran concluidos o cuando ya hubieran tenido una sentencia por parte de las autoridades”, explica Ivonne de la Cruz, periodista y activista feminista de México.
Estos logros se consiguieron en un año donde por primera vez los feminismos se enfrentaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dos días antes de las movilizaciones por el 8-M, cuando el Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, amaneció cercado con un muro metálico de más de tres metros de altura. “Es un muro de la paz”, argumentó en su momento el presidente, pero “las morras” sentenciaron que era un muro de guerra y montaron una performance que incluyó pintar, a lo largo y alto, los nombres de todas las víctimas de feminicidios. El desafío de los feminismos mexicanos está claro: que todas las mujeres y personas gestantes tengan los mismos derechos en todo el país. “La estrategia va estado por estado y de manera local se va modificando, pero queremos una iniciativa a nivel nacional, ese es el gran reto, que se respete la decisión de las mujeres para que puedan tener derecho a un acceso a los métodos de salud que sean seguros y poder interrumpir un embarazo si así lo desean, sin tener que justificar nada”, sostiene Ivonne.
Luego de la sanción de la IVE en Argentina se alzaron los pañuelos verdes con fuerza también al otro lado de la cordillera andina. Con una ley de matrimonio igualitario aprobada tras años de espera, a pocos días del comienzo de 2021, Chile comenzó la discusión sobre el proyecto de despenalización del aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación promovido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, con una propuesta que había estado estancada por dos años en el Congreso.
Cabe aclarar que Chile había aprobado la interrupción legal del embarazo por causales en 2017. Sin embargo, a comienzos de este año no hubo voluntad política del oficialismo para acompañar el proyecto. En este contexto, nadie podía preveer que el 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la Cámara de Diputados aprobara el proyecto con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Pero la iniciativa volvió a la Comisión de Mujeres para introducir modificaciones y no se alcanzó la mayoría para aprobar ninguna de las alternativas de redacción del texto. En este panorama que vislumbra algunos avances al calor de los movimientos feministas y también claros obstáculos de los sectores conservadores, Gabriel Boric, del Frente Amplio, logró la presidencia del país tras vencer en al candidato de ultraderecha José Antonio Kast.
“Pese a que se avizora un escenario paradojal para la discusión sobre la legalización del aborto, ante un nuevo Congreso con tendencia más conservadora y en paralelo el trabajo constituyente, es un proceso que no se detiene en ningún país, ni tampoco en Chile”, sostiene Fabiola Gutiérrez, integrante de la Red de Periodistas Feministas de ese país. La esperanza está en pie. Boric, exlíder estudiantil, había señalado en campaña que apostaba por la “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, e incluyó en su programa políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva.
Otro de los países de Latinoamérica que tuvo un camino próspero en conquistas de derechos durante el 2021 fue Ecuador. O al menos, el inicio de una reparación histórica: el 28 de abril, la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto por violación, uno de los objetivos trascendentales de los feminismos ecuatorianos. Hasta esa fecha, las víctimas de violencia sexual no podían acceder al derecho a interrumpir su embarazo. Tras varios retrasos, el debate de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación comenzó en el mes de diciembre y continuará en enero de 2022.
Frenos a la marea verde
El efecto de expansión de la despenalización y legalización del aborto en Argentina, que tiene sus bases en las redes tejidas por los feminismos latinoamericanos transfronterizos, ha generado también la reacción de los sectores ultraconservadores y antiderechos, que han movido sus fichas para frenar los avances en esta materia.
En Colombia, el aborto está despenalizado desde 2006 por tres causales (violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante). Sin embargo, las causales son, como en muchas otras latitudes, razones para la persecución. Eso genera tensiones que se convierten en obstáculos para el acceso a la interrupción del embarazo. Según la investigación ‘La criminalización del aborto en Colombia’, 400 mujeres son procesadas por abortar en el país anualmente.
“El desafío es que la Corte y la sociedad entera entiendan que esto no se trata de un tema que se pueda seguir postergando, que está directamente ligado a la dignidad humana de las mujeres, hombres trans y otras personas que abortan; y que cada día que pasa sin que se elimine el delito de aborto hay mujeres y niñas arriesgando sus cuerpos y vidas en abortos inseguros y exponiéndose a ser criminalizadas por rehúsar el mandato de la maternidad y decidir conscientemente sobre sus cuerpos”, sostiene Ita María Díez, economista feminista de Colombia y parte del directorio de revista Volcánicas.
Por eso, hacia fines de 2020, más de un centenar de organizaciones y activistas reunidas en el movimiento Causa Justa elevaron una demanda para exigir a la Corte Constitucional que elimine el delito de aborto del Código Penal. Aunque la demanda fue aceptada, el pasado noviembre la Corte aplazó su decisión. “El sentido de urgencia pareciera que no se entendió aún, como si estas niñas y mujeres, que suelen ser las que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, no importaran, y eso solo demuestra lo injusto y desigual que es la existencia del delito, porque todas sabemos que quien necesite abortar lo hará, pero solo quien puede pagarlo lo hará de manera segura y sin riesgo de ser criminalizada por ello. Ojalá el 2022 sea nuestro año de celebrar”, añade Ita María. La discusión quedará pendiente hasta que la Corte retome sus labores en enero del año próximo.
Uno de los países que levantó una muralla a los ecos de la ampliación de derechos procedentes de Argentina fue Honduras, donde a comienzos del 2021 el Congreso aprobó una reforma constitucional que desestimó la posibilidad de discutir una ley de aborto legal. El llamado “escudo contra el aborto” recibió el apoyo de legisladores de distintos sectores políticos, que representaron los intereses de miembros de la Iglesia católica, evangélicos y del Comité Pro Vida. Esta decisión del Congreso se da en un contexto donde Honduras presenta elevados índices de embarazos adolescentes, la anticoncepción de emergencia está prohibida y el aborto está penalizado en todas sus circunstancias.
En República Dominicana, durante este año tuvo lugar la discusión por las reformas al Código Penal, en un contexto de muchas presiones de los grupos religiosos. En este marco, la Cámara de Diputados rechazó la incorporación de las tres causales (cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer; sea fruto de una violación o incesto, o existan malformaciones fetales incompatibles con la vida). Frente a esta decisión del Congreso, los movimientos feministas del país convocaron a una multitudinaria marcha nacional en mayo y levantaron el campamento de la dignidad durante 73 días.
Y aunque Uruguay fue uno de los primeros países de la región donde se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en las primeras 12 semanas, este año los movimientos feministas también se movilizaron en las calles para defender los derechos conquistados. Entre las señales de alerta detectadas por estos colectivos figuran la designación de una ginecóloga provida en el área encargada de coordinar abortos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los avisos de control del ejercicio de ese derecho por parte del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. No hay que olvidar que el actual presidente del país, Luis Lacalle Pou, manifestó que su Gobierno “desestimularía” el aborto.
No caben dudas de que la marea verde de Argentina que consiguió la IVE ha generado olas en todo el territorio latinoamericano y ha cambiado el panorama, lo que también generó lógicamente la respuesta de los sectores antiderechos de la región. “Nos toca ser contemporáneas de una revolución cultural en Abya Yala porque militar con argumentos por la autonomía y por el reconocimiento de la soberanía sobre el cuerpo-territorio es militar por mundos mejores, feministas. El desafío es sostener el saldo organizativo que nos permita luchar contra todas las violencias patriarcales, coloniales y extractivistas hasta que todes seamos libres en todos los ámbitos”, concluye Laura Salomé, la periodista e integrante de la Campaña de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
