Cuando en junio del 2014 Juan Lara y Ricardo Brito hicieron match en la aplicación digital de citas Grindr, no planeaban algo demasiado serio. Pero entonces, el mercadólogo y el abogado, originarios de Yucatán, comenzaron a frecuentarse. Las cosas se dieron de forma orgánica, natural. Cuando una amistad les preguntó si eran novios, dijeron que sí.
Pronto empezaron a construir cosas juntos, hacer planes, adquirir patrimonio. También atravesaron un par de situaciones complicadas. En una ocasión, Juan tuvo problemas de salud, y Ricardo temió que la autoridad hospitalaria le restringiera las visitas a su pareja.
“Conforme la relación fue evolucionando, pensamos en esta cuestión de proteger lo que tenemos, lo que hemos construido juntos en estos años de noviazgo. Y surgió la plática de que estaría chévere casarnos. No por el vestido de blanco y el ramo de flores, sino porque representa la protección que el Estado debe garantizarnos”, dice Ricardo.
Lo meditaron, lo platicaron. En enero de 2019, durante un viaje, visitaron un acuario. Mientras contemplaban la pecera de los tiburones, Ricardo se quejó: había un par de personas buceando que arruinarían sus fotos. Juan se puso nervioso. Entonces hizo una señal a los buzos, quienes mostraron el letrero con la leyenda “¿Te quieres casar conmigo?”. Por supuesto, la respuesta de Ricardo fue un rotundo sí.
En otros países del mundo, e incluso en 21 de los 32 estados de México, los siguientes pasos serían planear la boda, la vida juntos y, apelando a la cursilería y los cuentos de hadas, ser felices para siempre. Pero en esta historia hay un gran cabo que atar: el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en Yucatán. Un borrón en el estado más seguro del país.
El retroceso de 2009
Vamos por partes. Este asunto se remonta al 2009, cuando la asociación civil conservadora Red Pro Yucatán presentó en el Congreso estatal una iniciativa popular para “proteger la institución matrimonial familiar de amenazas” como “las nuevas formas de convivencia que desean ser equiparadas al matrimonio, sin que cumplan las funciones que a ésta se han asignado”, refiriéndose a la procreación.
La propuesta buscaba reformar la Constitución Política local y el Código Civil para limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. El 15 de julio del 2009, el Congreso aprobó la iniciativa, con el voto 24 de los 25 diputados y diputadas.
Organizaciones civiles, como el Equipo Indignación y la Red de Personas Afectadas por VIH (REPAVIH), intentaron revertir ese duro golpe al colectivo LGBT+. Exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su homólogo local presentar acciones de inconstitucionalidad contra las reformas legales, por discriminar a un sector de la población al reconocer únicamente los derechos de las parejas heterosexuales. La respuesta de las instituciones fue negativa.
En busca de alternativas
Pese a los obstáculos jurídicos, la comunidad LGBT+ yucateca, con el apoyo de diversos colectivos, se las ingenió y encontró alternativas para garantizar el reconocimiento de sus derechos.
Por ejemplo, en 2012, la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) y el Equipo Indignación comenzaron a analizar la posibilidad de presentar demandas de amparo para que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio en Yucatán. Al año siguiente, promovieron la primera, gracias a la cual los ciudadanos Javier Carrillo y Ricardo Góngora se convirtieron en la primera pareja de hombres en casarse en Mérida, la capital yucateca.
“Elaboramos un fajo de 60 páginas, en el que se explicaba al juez por qué había discriminación, cuáles eran los efectos de esa discriminación y por qué era importante que emitiese una sentencia favorable para salvaguardar el ejercicio de los derechos”, recuerda la abogada Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de UNASSE.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis jurisprudencial que declaraba inconstitucionales los códigos civiles estatales donde el matrimonio se describe como la unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear. Esto facilitó los trámites de amparo en Yucatán. Pero la gestión de esas diligencias es tediosa. Primero, la pareja debe solicitar al Registro Civil la fecha para realizar el matrimonio. La dependencia se negará, y con el oficio en el que consta dicho rechazo, se prepara la demanda de amparo administrativo. Una vez admitido el juicio, se agenda la audiencia constitucional. Después, se dicta la sentencia. En total, alrededor de tres meses de trámites.
Hasta ahora, ninguno de esos recursos ha sido rechazado por los juzgados y 127 parejas han podido contraer nupcias en la entidad con esta estrategia. UNASSE ha tramitado 50 de esas demandas, 12 de las cuales las trabajó con Indignación.
Aunque aparentemente los juicios de amparo son un buen parche para la violación a los derechos de la población LGBT+ en Yucatán, lo cierto es que tampoco son una opción muy viable para todas las parejas, ya que el trámite puede resultar costoso.
Por ejemplo, en 2014, UNASSE e Indignación presentaron un amparo colectivo para 80 parejas y cobraron una cuota de 200 pesos por persona para otorgar copias certificadas de la sentencia del juzgado. Una tarifa asequible, que muchas parejas aceptaron sin chistar, ya que otros abogados cobraban cifras muy superiores: hasta 25.000 pesos por presentar la demanda, detalla Amelia Ojeda.
Conforme se popularizó ese trámite, cada vez más despachos jurídicos lo comenzaron a ofrecer y los precios bajaron. De acuerdo con Juan Lara y Ricardo Brito, la pareja con la que iniciábamos este reportaje, actualmente la demanda de amparo cuesta entre 12.000 y 14.000 pesos, sin contar los gastos del matrimonio civil. En su caso, tienen la ventaja de que Ricardo llevará el proceso jurídico. Pero justo por eso esta pareja no quería casarse a través de un amparo: lo consideran un privilegio al alcance de unos pocos, y por lo tanto, una injusticia.
“Ambos pagamos impuestos, cumplimos nuestras obligaciones, pero parece que no tenemos los mismos derechos, por decisiones políticas que responden a preferencias casi eclesiásticas y dogmas que tienen más que ver con esferas altas del poder y no con lo que le importa a la mayoría de la población. Además, no cualquier persona puede pagar 12.000 pesos para una demanda de amparo. Entonces ya no solo te discriminan por ser homosexual, sino también por ser pobre”, explica Juan.
De hecho, cuando se comprometieron, Juan y Ricardo confiaban en que el Congreso de Yucatán aprobaría el matrimonio igualitario: en aquel entonces se estaba estudiando una iniciativa para reformar las normas locales y permitir las uniones entre personas del mismo sexo. Pero en abril del 2019 la propuesta fue rechazada mediante una votación secreta. Tres meses después se repitió la votación, con idéntico resultado. Todo esto pese a la jurisprudencia de la SCJN, las recomendaciones de organismos especializados en la materia y las protestas de activistas locales, nacionales y del extranjero.
“Pensábamos que eso ya era un tema superado, que lo más lógico y obvio era que lo aprobaran. No veíamos la manera en la cual un Congreso podía tomar la decisión de negar derechos”, dice Juan.
Tras lo ocurrido en 2019, Juan y Ricardo decidieron esperar hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera legal en Yucatán. Pero en los dos últimos años, conformaron un patrimonio que desean proteger. Por ello, el próximo mes de septiembre iniciarán los trámites de la demanda de amparo.
La pareja pretende documentar todo el proceso de forma pública, para que el funcionamiento del trámite esté al alcande de cualquier otra persona del colectivo LGBT+ que desee casarse.
“Queremos explicar todo y evidenciar todo, desde el inicio, desde que el Registro Civil se niegue a casarnos, porque cuando se hace eso a las parejas LGBT+ se nos está recordando que somos ciudadanos de segunda, que no tenemos los mismos derechos. Eso es un peso emocional. Se supone que la unión matrimonial es una etapa de reconocimiento de un vínculo y en su lugar, se convierte en un ejercicio de victimización”, dice Juan.
La LGBTfobia institucional
Es frecuente que activistas e integrantes de la academia y de la función pública señalen que el matrimonio igualitario sigue siendo una deuda pendiente en el estado de Yucatán por “falta de voluntad política”. Pero los hechos apuntan hacia un problema más profundo.
Por ejemplo, cuando se ganaron en el estado las primeras siete demandas de amparo para parejas LGBT+, el Registro Civil no les expidió actas de matrimonio, sino certificados con la leyenda “cumplimiento de sentencia”, que no eran aceptados para realizar otros trámites.
UNASSE e Indignación notificaron estos hechos a los juzgados federales y la dependencia estatal comenzó a expedir los documentos conforme a la ley. Pero pronto encontró otra forma de segregar a las parejas del mismo sexo: abrió un libro para registrar a los matrimonios igualitarios aparte, es decir, para no apuntarlos en los archivos generales. Esto afectaba la tramitología de copias de las actas.
“Nos dimos cuenta porque no concordaban los folios. Por ejemplo, hacia el mes de julio debe haber 500 matrimonios. Entonces tu acta debería ser la 501. Pero resulta que tu acta es la 10. ¿Cómo es posible que hasta julio solo se hayan realizado 10 matrimonios en general? Pues no, solo ha habido 10 matrimonios de parejas del mismo sexo que están asentadas en un libro aparte y eso significaba que el sistema general no las integraba”, explica la abogada de UNASSE.
Aunque cambien las personas en el poder, las acciones discriminatorias se mantienen. Como ejemplo, están los ya mencionados rechazos a la reforma del 2019, ante los cuales el Colectivo por la Protección de Todas las Familias Yucatán promovió tres amparos.
El primero fue contra el Legislativo, por no cumplir con la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones entre personas del mismo sexo. Ese recurso será abordado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en fecha por definir. Los otros dos fueron contra la votación secreta de 2019, y uno de ellos ya fue turnado a la Primera Sala de la Suprema Corte. Se esperaba una sentencia inminente, pero el asunto está en lista de espera. Ahora las expectativas se mantienen en que la Corte decida abordar ese asunto antes de septiembre, cuando concluirá la presente legislatura.
Actualmente hay dos iniciativas sobre el matrimonio igualitario en el Congreso. Ambas fueron presentadas en 2019: la primera, por el Poder Judicial, para modificar el Código de Familia. La otra fue elaborada por las diputadas independientes Milagros Romero y Silvia López para reformar la Constitución local.
Sin embargo, ni la propia Milagros les tiene mucha fe, pues aunque ambas fueron turnadas a comisiones para su análisis, no han existido avances en el tema. “Tienen congeladas las iniciativas desde el 2019, no las han tocado en año y medio, entonces no creo que las toquen en el tiempo que nos queda. Pero esto es por falta de voluntad política, no porque no haya herramientas jurídicas”, dice la legisladora.
En la opinión de la abogada Amelia Ojeda, nada de esto se trata de “voluntad política”. Simple y sencillamente, en Yucatán no se reconoce la obligación del respeto y la garantía de los derechos humanos, ni se cumple con los mandatos constitucionales de no discriminación. Por el contrario, las autoridades locales son las primeras en violar los derechos humanos.
Y no solo son las omisiones del Congreso, sino también del poder ejecutivo, pues, si quisiera, el Gobierno de Yucatán podría emitir un decreto para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, tal y como lo hizo el Gobierno de Chihuahua en 2015. Los organismos autónomos también podrían haber buscado una estrategia para obligar a las autoridades a proteger los derechos de toda la población.
“Ya llevamos 12 años con esto, así que tiempo para pensar, innovar y crear, ya se ha dado. Si lo hemos logrado desde la sociedad civil y organizaciones de que atienden derechos LGBT+, ellos, que están para eso, es imposible que no puedan hacerlo”, apunta Amelia.
No se puede tapar el arcoíris con un dedo
Lo cierto es que, pese a las medidas para hacer creer al mundo que Yucatán es un oasis de paz en México, cada vez se hace más evidente el descontento ante las violaciones a los derechos humanos de la población LGBT+ en el estado.
En los últimos tiempos, algunas figuras públicas han llamado la atención respecto a la LGBTfobia en el territorio. Por ejemplo, cuando Mérida fue la sede de la Cumbre de Premios Nobel de la Paz en 2019, artistas como el cantante Ricky Martin, el actor Diego Luna y la cantautora Joy Huerta hablaron sobre el matrimonio igualitario y pidieron su aprobación a los legisladores locales. También alentaron a la comunidad a no dejar la lucha por sus derechos.
El pasado julio, la cantante y actriz Danna Paola evidenció a las autoridades del Gobierno de Yucatán al decir que le pusieron trabas para grabar el vídeo de su canción ‘Sodio’, protagonizado por una pareja homosexual.
“Justo lo que pedía el Estado era que no hubiera ese tipo de escenas. Pero dije, esto es amor, y me vale. Y lo hice. Me puse la pandera. Dije, no me importa si me vetan de la ciudad, pero esto tiene que salir”, narró durante un episodio del podcast Divaza.
Se ha repetido hasta el cansancio. La demanda de la población LGBT+ es simple: los mismos derechos para todas las personas, sin importar orientación sexual ni género, tal y como mandata la Constitución mexicana. Aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo les brindaría garantías sobre sus derechos a la seguridad social, a la salud y al patrimonio. No se pide más, ni menos.
Por ahora la lucha sigue y el sector de la diversidad sexual no va a ceder. “Desafortunadamente, estamos muy acostumbrados a navegar contra corriente”, admite Juan, antes de contar las anécdotas en las que fue víctima de ataques homofóbicos, los cuales considera que son alentados por las políticas discriminatorias, como la prohibición del matrimonio igualitario.
Tanto él como Ricardo esperan que, durante sus trámites de amparo, ocurra algo que permita las uniones entre personas del mismo sexo. Pero si eso no ocurre, no se van a detener.
“Si nos dicen que no, se va a reavivar la llama, como cuando rechazaron las reformas. Lejos de ponerme triste, me voy a encabronar, y solo me motivará a hacer más cosas para emparejar la cancha para otras parejas homosexuales”, dice.