Las encuestas lo adelantaban, pero nadie quiso confiar mucho ellas, porque suficientes veces se habían equivocado en las elecciones de los últimos años. Esta vez, los sondeos anunciaban el triunfo de la opción del Rechazo en el plebiscito del pasado 4 de septiembre en Chile, lo que implicaría que el país debería continuar bajo la Constitución de 1980, escrita durante la dictadura de Pinochet, en lugar de adoptar el texto propuesto por la Convención Constitucional.
Las encuestas acertaron, aunque no del todo: nunca proyectaron una diferencia tan amplia como la que finalmente obtuvo el Rechazo frente al Apruebo (62% contra 38%).
A días del resultado, diferentes análisis dan cuenta de múltiples factores: la campaña de desinformación de los sectores contrarios a la nueva Constitución, errores dentro de la Convención Constitucional durante el proceso, un voto de castigo al Gobierno actual, confusión y crisis, una fuerza de votantes antes no medida ni caracterizada, un contexto diferente al plebiscito de entrada al proceso... y la lista podría seguir.
Después de tres años convulsos ¿Qué sigue para Chile?
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Claudia Heiss es doctora en Ciencia Política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante de la Comisión Técnica para el proceso constituyente. Al preguntarle sobre las razones del triunfo mayoritario del Rechazo, destaca la idea del “voto de castigo”. Recuerda que en el plebiscito de entrada, en 2020, un 78% aprobó la idea de hacer una nueva Constitución, resultado que contrasta con el 62% obtenido por el Rechazo en el plebiscito de salida. “Sin embargo, si uno lo entiende como una tendencia al voto de castigo o de rechazo a la clase política, ahí no es tan contradictorio, porque el plebiscito de 2020 fue un rechazo al statu quo, a la situación de la sociedad chilena bajo la Constitución del 80. Podríamos decir que el voto de 2022 también es un voto de castigo a una nueva élite, a una nueva propuesta política, la de la Convención”, dice.
Para Julieta Suárez-Cao, profesora asociada en el área de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, existen múltiples motivos para este resultado. Uno de ellos, que la Convención Constitucional “no pudo recomponer el lazo representativo y de confianza de la sociedad chilena con las instituciones”, convirtiéndose así en “una víctima más de esta crisis de representación enorme que tiene Chile en los últimos años”. Julieta también se fija en que el porcentaje del Apruebo es bastante cercano al de aprobación del Gobierno. De esta forma, se puede deducir que el plebiscito, llevado a cabo en un contexto de crisis económica, “se convirtió en un referéndum sobre el Gobierno o sobre cómo están las cosas en general”.
Julieta recuerda además que la ciencia política muestra que, en el momento de decidir el voto, si esta decisión implica procesar una alta carga de información, la mayoría de electores toman “atajos cognitivos”. La propuesta de nueva Constitución incluía 400 artículos, así que hay que analizar qué atajos tomaron los votantes del Rechazo: “Puede haber sido la evaluación de su situación actual y premiar o castigar al Gobierno para con eso. Puede haber sido lo que escucharon sobre la Convención Constitucional. Y creo que eso se entiende mucho más que decir que el pueblo chileno rechazó a los pueblos indígenas o una constitución feminista o la regionalización”.
Claudia Heiss menciona otro factor clave: la imposibilidad de separar el proceso constituyente del texto sometido a plebiscito. En ese sentido, piensa que en la Convención Constitucional “se vio poco diálogo”, y que su comportamiento “dañó la percepción” de la propuesta de Carta Magna. Claudia apunta a la composición de este órgano: sus integrantes fueron elegidos en mayo de 2021, en una etapa adversa para la derecha, con los ecos del estallido social y una mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera, por lo que el sector conservador obtuvo solamente el 20% de representación en la Convención. Eso, según Claudia, generó una imagen de exclusión, que hizo mella en “la representatividad del texto que salió de ahí, con mucha más presencia de la izquierda y del centroizquierda”.
La idea de marginación se instaló en la campaña del Rechazo, a pesar de que el promedio de votos de aprobación de normas en la Convención fue de 117, superando el mínimo necesario de 103, evidencia de que sí hubo acuerdos con la derecha para llegar al texto final. Para Claudia, se puede hablar de “una tendencia a la exageración” por parte de la derecha, la cual “se acostumbró por 30 años a actuar como si fuera mayoría siendo minoría”, gracias al poder de veto que le ortorga la Constitución del 80. En la Convención, al carecer de esa capacidad de veto, la derecha se vio descolocada y sintió que el proceso “era poco democrático, cuando en realidad era justamente lo contrario. Eso es la democracia”.
Sin duda, la Convención Constitucional fue un órgano institucional muy diferente a los habituales dentro del sistema político chileno: 104 de sus 155 integrantes —elegidos en votación ciudadana— fueron independientes, varios de ellos con experiencia en organizaciones sociales fuera de la política de partidos. Además, 49 venían de colegios públicos y 40 de subvencionados, cifras novedosas para un país en donde los colegios en los que estudian los niños y niñas, designan de una forma bastante inamovible su destino.
Luego de ver los resultados del 4 de septiembre, ¿es posible que esa representación inédita no haya sido suficiente? ¿Sea como sea la composición de la institucionalidad será castigada por una parte del electorado?
“Son las dos caras de la misma moneda”, dice Claudia Heiss. “El sistema político entendió que, si hacía una Convención Constituyente igual al Congreso, no iba a ser capaz de canalizar el estallido social, que fue muy en contra de las élites y de los partidos. De hecho, si el 78% dijo que quería una nueva Constitución, el 79% dijo que quería que no la hiciera el Congreso, que no la hiciera una comisión mixta. Entonces había, junto con el mensaje del cambio constitucional, un claro mensaje de que no fuera lo mismo de siempre, de que no fueran las élites políticas, las cúpulas de los partidos”. Por eso la Convención se acabó abriendo a los candidatos independientes, buscó la paridad de género y reservó escaños a los pueblos originarios, tres factores “que le dieron mucha más diversidad y representatividad”.
Hoy, la presencia de los independientes está en discusión, pero Claudia alerta del peligro que entraña la opción de que los partidos tomen el control de un nuevo proceso constituyente: “El polo opuesto puede volver a generar el problema de no ser capaz de canalizar el estallido y de prolongar esta sensación de que las soluciones que se dan pertenecen solamente a una cúpula representativa”. Claudia no cree que ahora se den las condiciones para un nuevo estallido social, pero piensa que, si no hay una apertura del sistema, los conflictos quedarán latentes y, en unos años, habrá “una nueva crisis social y política, porque no se van a ver establecidos los canales verdaderamente democráticos de representación política que necesitamos”.
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Según CIPER, solo entre mayo y julio de 2022, al menos 29 cuentas de redes sociales invirtieron un total de 116,7 millones de dólares en Facebook e Instagram para difundir que, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, estarían en riesgo los fondos de pensiones, la vivienda propia, los colegios particulares subvencionados y la atención de salud, entre otros temas.
“Hay muy poco tiempo para derrumbar esos mitos que se han instalado en la conversación pública”, decía el pasado 25 de julio en CNN Chile el analista político Claudio Fuentes, coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales y consejero de Contexto, plataforma que llevó a cabo un estudio con la ONG Interpreta en el que se demostraba que el sector pro-Rechazo estaba haciendo en redes sociales una campaña de desinformación mucho más activa que el del Apruebo.
Al mismo tiempo que la propuesta de nueva Constitución podía descargarse de internet, escucharse en versiones de audio o conseguir en formato físico de forma gratuita, constituyentes de derecha entregaban información falsa a la gente. Y, muchas veces, la prensa contribuyó a la desinformación al no desmentir declaraciones falsas de sus fuentes o al insistir en hipotéticos escenarios extremos que serían materia de ley en el Congreso una vez aprobado el texto.
A la pócima perfecta de mucho presupuesto (y recursos humanos) para promover campañas de intoxicación, una prensa débil y un sistema de medios muy concentrado, se sumó la incapacidad permanente de la propia Convención Constitucional de formar un equipo de comunicaciones fuerte para informar a la ciudadanía. En febrero de 2022, Lorena Penjean, la directora del área, renunció, y en su carta de dimisión dijo: “He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío. Un Plan de Comunicaciones a la altura de la ciudadanía (...) La voz institucional es hoy una urgencia que debe desplegarse a la brevedad para que la ciudadanía, sin exclusiones, tenga las herramientas para ser parte de la deliberación pública más importante de las últimas décadas. El proceso es tan importante como el resultado, sino, basta con recordar la experiencia colombiana y el Brexit”.
Es posible que los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, el Brexit y la elección de Trump (¡todo esto en el año 2016!) ya no le suenen tan ajenos a la sociedad chilena.
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La participación en el plebiscito constitucional era obligatoria para toda la ciudadanía chilena, de forma que el resultado del 4 de septiembre incorporó el voto de casi 5 millones de personas que anteriormente no se habían acercado a las urnas.
Julieta Suárez-Cao dice que este segmento de la población representa a un “un votante desafectado de la política, sin confianza en las instituciones”, diagnóstico que comparte Claudia Heiss, quien apunta que la mayoría de nuevos electores se decantó por el Rechazo: “Se trata de un votante menos politizado, seguramente menos informado, y que participó en esto que yo nombraba al principio como voto de castigo”.
Para Claudia, es importante hacerse cargo del mensaje lanzado por este sector: “Ojalá que esto de pie para que se vuelva a abrir la discusión sobre el voto obligatorio y se vuelvan a incorporar todas estas personas al sistema político, para así no sacar conclusiones maximalistas de los resultados electorales. Si uno pensara que una elección marca un giro completo del electorado, tendríamos que decir que Chile giró a la izquierda con el proceso constituyente de 2020, cuando un 78% votó por una nueva Constitución; pero después giró milagrosamente a la derecha en la elección presidencial, donde la primera mayoría la sacó un candidato de extrema derecha como José Antonio Kast, con el 26%; y después volvió a girar a la izquierda con el 56% que sacó Gabriel Boric en segunda. Y eso volvió a girar a la derecha con el plebiscito de salida. Entonces no, no funciona así. No es que la gente se esté dando vuelta para uno y otro lado. La ciudadanía es compleja, es plural”.
Tanto Julieta como Claudia son más cautas en sus diagnósticos que la derecha chilena, que desde el 4 de septiembre se atribuye el triunfo del Rechazo como votos para su sector. “Es de lecturas apresuradas, a mí me parece que eso es un error”, opina Julieta, mientras Claudia apunta: “En Chile casi toda la gente cree que es necesaria una red de protección social mucho más robusta y, en el fondo, eso significa un rechazo al Estado subsidiario [rol presente en la Constitución del 80]”. Así pues, agrega, si la derecha no participa en una reforma de la relación entre lo público y lo privado, se pueden generar nuevas tensiones en el futuro, un escenario posible, “porque la correlación de fuerzas en el Congreso, que es donde radica hoy el debate sobre el posible cambio constitucional, favorece a la derecha”.
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Y, tras el resultado del plebiscito de salida, ¿en qué lugar queda la sociedad chilena? ¿Se acabó el proceso constituyente tal y como lo conocimos?
Para Julieta Suárez-Cao, el escenario chileno post 4 de septiembre es de altísima incertidumbre: “Estamos en una situación muy, muy volátil. Por lo tanto, no sabemos si el proceso constituyente está acabado. Yo creo que hay fuerzas democráticas que están muy comprometidas con que siga. Recordemos también que una buena parte del rechazo hizo campaña con rechazar para reformar por otra Constitución, otra Constitución hipotética. Así que también hay que hacerse cargo de las promesas que se hicieron en campaña. Pero hoy todavía estamos inmersos en una gran incertidumbre”.
Claudia Heiss cree que “el proceso que emanó del estallido social —un estallido que generó condiciones muy únicas y que forzó al sistema político a abrir un proceso democrático fuera de las reglas heredadas de la dictadura— fracasó”, por lo que cualquier negociación que se haga a partir de ahora es a la luz de las reglas de la Constitución del 80. “Es como si estuviéramos en el día anterior al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y hay que hacer un nuevo acuerdo político, pero en un contexto diferente: con una derecha fortalecida, lo que me hace no muy optimista, digámoslo así, porque es el mismo grupo que ha negado al cambio durante estos 30 años y hoy día tiene toda la posibilidad de seguir vetándolo. Sí hay una necesidad de dar alguna señal de cambio por el plebiscito de entrada. ¿Por qué? Porque el hecho político del estallido igual está ahí. Pero va a depender, en el fondo, de la de la visión que tenga hoy día la derecha, y también de la correlación de fuerzas dentro de ese sector, entre el grupo más reformista y la derecha más dura. Yo creo que ahí está la pelota hoy”.