“El arte ataca lo inhumano todos los días, por eso la derecha quiere extinguirlo utópicamente. Cómo decía el flaco Luis Spinetta, ‘¿quién resistirá cuando el arte ataque?’”, expresa la pintora argentina Ángeles Crovetto.
Esta vez, el arte y los artistas atacaron. Se abalanzaron a las calles para resistir, abrazarse, cacerolear y protestar contra el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, mejor conocido como “ley ómnibus”. Una iniciativa del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, y que en su Capítulo III, dedicado a la cultura, planteaba abiertamente desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Al mismo tiempo, en su texto original, esta propuesta legislativa pretendía eliminar el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) mediante la derogación de las leyes que los crearon y que dictan su funcionamiento.
Ante las presiones de cineastas, guionistas, bailarines, actores, actrices, artistas plásticos y músicos, entre muchos más, el Gobierno se vio obligado a acordar con diputados y senadores algunas modificaciones de ese y otros capítulos del proyecto legislativo, el cual, no obstante, acabó naufragando en el Congreso por la falta de apoyos.
Tras ese fracaso parlamentario de la ley ómnibus, la comunidad cultural argentina se mantiene atenta a los próximo movimientos del Ejecutivo. A la espera de lo que pueda pasar en las próximas semanas, COOLT habló sobre la situación con cuatro artistas: el cineasta Javier Diment, la pintora Ángeles Crovetto, la bailarina Lucía Conde y el actor teatral Alfredo Badalamenti. Todos coincidieron en lo mismo: el grave peligro que corre la cultura con el Gobierno de Javier Milei.
Castigo al cine argentino
Uno de los sectores culturales más atacados por Milei desde que estaba en campaña presidencial ha sido el cine. Esa animadversión tuvo su reflejo en la fracasada ley ómnibus: además de desfinanciar al INCAA, la propuesta legislativa ni siquiera mencionaba a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), lo cual demuestra el desinterés por la profesión.
Valentín Javier Diment es cineasta. Entre otras cintas, ha dirigido las ficciones El apego (2021), El eslabón podrido (2016) y La memoria del muerto (2013); y los documentales La Feliz (2019), El sistema Gorevisión (2017) y Parapolicial negro (2012).
Según él, tras la caída de la ley ómnibus, el sector cultural sigue en estado de asamblea permanente. “Los distintos colectivos mantienen sus reuniones con la intención de trazar un plan de lucha”, dice, “aunque siempre con la expectativa al respecto de cuáles serían los próximos pasos del Gobierno, que es muy impredecible. A eso se le suma los permanentes ataques del presidente y sus seguidores a personalidades de la cultura, como Lali Espósito, María Becerra, Peteco Carabajal y cualquiera que ose tener una postura apenas crítica con ellos, lo que evidencia día a día que este gremio es considerado un enemigo de la actual Administración”.
Diment asegura que los militantes de Milei “no bajan nunca la guardia”, y ya sea por redes sociales o a través de los medios de comunicación difunden de forma insistente la idea de que el sector cultural es “un nido de zurdos, ñoquis, empobrecedores y ladrones, kirchneristas, en un operativo de descalificación y deshumanización masivo, que responde explícitamente a una estrategia de desgaste”.
Respecto a la propuesta para desfinanciar el INCAA que en un inicio promovía la ley ómnibus, Diment explica que hasta el momento esa institución recibe ingresos sobre todo a través del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), el cual, según la ley actual, está compuesto por el 10% de impuestos sobre cada entrada de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del gravamen a la facturación de los canales de televisión y servicios de cable. “Hasta el 21 de febrero pasado, el INCAA estuvo paralizado, con todos los trabajadores en estado de asamblea permanente. Hubo un interventor que duró dos días, y nombraron a uno nuevo, Jorge Maximiliano Keczeli, un ingeniero que no tiene absolutamente nada que ver con el cine. La intención explícita seguramente es quitarle financiamiento a través del fondo de fomento que viene por el lado del Enacom, que en este momento está también intervenido”.
Diment cuenta que Keczeli ya mantuvo una reunión con Cineastas Argentinos Unidos, donde se informó que la intención del Gobierno, como bien lo ratificó Milei recientemente, es desfinanciar al INCAA, para que tenga una impronta nueva y alejada de sus orígenes, donde funcione como una empresa que le de ganancias al Estado, en lugar de centrarse en desarrollar y promover el cine argentino.
Por otro lado, la actual Administración quiere retirar la cuota de pantalla que exige a las exhibidoras la proyección de una película nacional por sala en todas sus funciones. “Esto sirve, entre otras cosas, para que pueda seguir produciéndose el cine nacional, porque si no las grandes empresas fílmicas, que además son multinacionales, directamente no lo programan, ya que según ellas, no solamente no les reditúa, sino que además tienen muchas presiones de los lobbies norteamericanos para no hacerlo”, dice Diment.
La crisis de la plástica popular
La artista plástica Ángeles Crovetto trabaja desde hace 20 años con arte comunitario y público en distintos territorios del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Pintora y escultora desde muy joven, Crovetto define su trabajo creativo en los barrios populares como “el ejercicio plástico enredado con violencias e injusticias sociales, donde parece que un pincel con algún color deslizándose por un muro roto es ese hilo invisible que está aparentemente destrozando el tejido social, y que se agarra fuerte e irrenunciablemente para no ceder. Una imagen certera en los barrios: dos manos que se agarran y nadie las ve, paradójicamente”.
Esa imagen descrita por Crovetto sintetiza, por otro lado, el desinterés del Gobierno de Milei por la cultura. “El arte es el aglutinante nacional en toda su pluriculturalidad y diversidad”, dice la artista, “es enemigo de las dictaduras, los autoritarismos, el individualismo, la represión, la brutalidad del poder, el genocidio y los planes sistemáticos de shock; por otro lado, avanza y construye comunitariamente; crea, busca, inquieta y molesta. Es como el agua: aunque la quieran agarrar se les escapa entre los dedos y se vuelve a juntar”.
La también secretaria nacional de la Unión Nacional de Artistas Visuales (UNAV) piensa que la reacción de la comunidad cultural a la amenaza de los recortes “ha estado a la altura de las circunstancias, para dar los debates en términos institucionales y también para disputar los sentidos de la patria en las calles. Los cacerolazos culturales han sido importantes ya que visibilizan la magnitud del campo artístico en términos federales, cosa que muchas veces se dice pero no se ve. Han sido masivos y contundentes”.
Una herramienta transformadora de la realidad
Otra artista que ve con preocupación la situación de la cultura en Argentina es Lucía Conde. Bailarina, nació y creció en Junín, en un barrio popular conocido como La Vaca, y estudió Folklore en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires. Actualmente es docente y secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de Departamento de Folklore de la UNA, que tiene a su cargo los tres elencos: el Ballet Folklórico, la Compañía de Tango y la Orquesta Popular.
“Vengo de un barrio al que no entraban ni los taxis ni ninguno de mis compañeritos de la escuela”, dice Lucía. “Estudiar arte popular claramente me marcó para siempre, y entendí que, así como tuve esa herramienta transformadora de la realidad, todas y todos deberían pasar por ahí y luego decidir si quieren ser artistas o hacer otra cosa”.
Para la también promotora cultural, la educación es la herramienta para igualar oportunidades, y por eso cree que el Gobierno de Milei “no es que tenga un desinterés por las actividades artísticas, sino que es algo aún mucho peor: ellos saben que la salida de cualquier pueblo es colectiva y comunitaria, por eso quieren borrarla generando más individualismo al romper el entramado social”.
Lucía recuerda que Argentina tiene una deuda histórica con sectores como la danza, que se encuentran en total informalidad porque no existe un instituto que la respalde ni una ley nacional. Además, muchos de los escenarios que tiene esta disciplina para presentarse son los grandes festivales que actualmente se han suspendido por la situación económica, social y política del país.
El peligro de que el Instituto Nacional del Teatro baje el telón
A pesar de la rica historia que vincula al teatro con la sociedad argentina, la ley ómnibus de Milei también atentaba contra esta disciplina, como evidenciaba su pretensión de eliminar la Ley Nacional del Teatro y, por extensión, el Instituto Nacional del Teatro (INT).
El delegado de la provincia de Buenos Aires de esa institución, el actor teatral Alfredo Badalamenti, dice que la comunidad teatral sigue organizada y en alerta ante nuevos embates que pueda haber por parte del Gobierno tras el fracaso del proyecto legislativo. Por ahora, cuenta, el INT se encuentra como a finales de 2023: con el Consejo de Dirección funcionando, pero sin posibilidad de tener reuniones formales hasta que sea designado con firma el nuevo director ejecutivo, Mariano Stolkiner.
“Asimismo, en caso de que podamos seguir funcionando lo haremos con un presupuesto prorrogado, o sea el mismo del año pasado pero licuado por una inflación del 200%, lo cual hace que la situación sea muy compleja para el sector teatral que accede a los beneficios del INT”, dice Badalamenti, quien recuerda que el Gobierno de Milei pretendía que el INT pasara a ser un programa dependiente de la Secretaría de Cultura o del organismo que lo reemplace en el futuro.
Para Badalamenti, la actual legislación garantiza una ejecución presupuestaria equilibrada, ya que el INT aporta una inyección de recursos en todo el país por igual. Es decir, la provincia de Jujuy recibe lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que otras demarcaciones. “La ley ómnibus propone lo contrario: centralizar los recursos de manera discrecional, para manejarlos como ellos quieran”, dice el actor.
Además, recueda Badalamenti, el INT también apoya las salas de teatro independiente y la producción de espectáculos; tienen una editorial, única en su tipo en Latinoamérica, que distribuye libros de teatro en forma gratuita; y arma fiestas y encuentros por todo el territorio.
“El Gobierno habló de la transparencia de los organismos y de descentralizar los recursos. La transparencia está garantizada con el INT. Todas las acciones y las actas de cada una de sus resoluciones se pueden ver en la página de internet. Cada vez que el consejo directivo toma una decisión, al otro día se puede ver publicada. Es decir, el argumento de la transparencia es un fácilmente rebatible”, dice el actor.
Baladamenti, como el resto de entrevistados, asegura que el sector va a presentar “una gran resistencia”. No habrá pausa en la movilización para hacer frente a los nuevos embates de un Gobierno que ya ha mostrado abiertamente su hostilidad hacia la cultura.
