“Nuevamente están anunciando la tercera ‘Toma de Lima’ o la tercera ‘Toma del Perú’. ¿Cuántas muertes más quieren?”, dijo el pasado 14 de junio, en un tono entre cansino y amenazador, la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, ante los medios de comunicación, en una declaración que muchos consideraron indignante.
Habían pasado pocos meses de las protestas más graves contra su Gobierno y el recuerdo del casi medio centenar de víctimas producidas por la represión policial estaba fresco en el recuerdo de la ciudadanía y, sobre todo, de los familiares que aun hoy siguen buscando justicia. A Boluarte, sin embargo, nada de esto parecía sensibilizarla, a pesar de que ella misma se autoproclamó “mamá de todo el Perú”. Por el contrario, en sus palabras subyacía una advertencia para aquellos que insistieran en salir a marchar contra el Ejecutivo, fuera en Lima o en provincias. Esta conclusión no es caprichosa, considerando las varias imágenes en que aparece al lado de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a modo de tácito respaldo mutuo.
La sensación es la de una presidenta que se hace apoyar por la fuerza de los militares porque apenas goza de respaldo entre la población: sólo un 7% aprueba su gestión, según un sondeo reciente. Ningún dirigente peruano había sido tan impopular desde la época de Alejandro Toledo (2001-2006). A esa falta de confianza, Boluarte suma estos días un nuevo problema: la Fiscalía del país la investiga desde el pasado marzo por presunto enriquecimiento ilícito, después de que el pódcast La Encerrona revelara que había lucido 14 relojes de alta gama —entre ellos varios Rolex— desde su entrada en el Gobierno. Una colección cuyo valor supera significativamente el salario que Boluarte percibe como servidora pública, y a la que hay que sumar varias joyas de marcas de lujo y cientos de miles de dólares en cuentas que la presidenta presuntamente no habría declarado.
Según Boluarte, su colección de relojes fue un préstamo del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, un político con oscuros antecedentes, que entre 2016 y 2017 estuvo en prisión por un caso de corrupción, y a quien la presidenta llama, con cariño, su “wayqui” (“amigo” en quechua). “Debo reconocer que fue una equivocación haberlos aceptado en calidad de préstamo. El ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptarlos, pero ya los he devuelto. Como no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos”, dijo en su defensa la mandataria, quien pidió, sin éxito, la anulación del allanamiento de su casa por parte de la Policía en el marco de las pesquisas del denominado Rolexgate. Para la Fiscalía, ese “préstamo” del que habla Bolaurte puede suponer un delito de cohecho pasivo impropio (soborno), ya que, el mismo día en que Oscorima compró unos aretes de oro por más de 5.000 dólares, el gobernador se reunió con la presidenta y, casi de inmediato, obtuvo del Ejecutivo un presupuesto millonario para su región.
Presidenta sin proponérselo
Nacida en la localidad andina de Chalhuanca en 1962, Dina Ercilia Boluarte Zegarra llegó al poder en julio de 2021 como parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo, en la que ella ocupaba el puesto de primera vicepresidenta. Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, el partido que los postulaba, era el aspirante natural a ese cargo, pero no pudo asumirlo por contar con una sentencia judicial en su contra. Durante el mandato de Castillo, Boluarte fue además ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Hoy, Castillo está preso por un fallido golpe de Estado y Cerrón, prófugo. Considerando que este último sigue participando de la vida política del país a través de sus redes sociales, parece que nadie lo buscara realmente.
La detención de Castillo se produjo el 7 de diciembre de 2022, después de que anunciara, en un mensaje televisado, el cierre del Congreso y la declaración de un “Gobierno de excepción”. El Congreso, en sesión de emergencia, lo destituyó del cargo y la Policía lo arrestó antes de que pudiera concretar su asilo político. Según la Constitución, Boluarte debía relevar al presidente defenestrado y convocar a elecciones, principal demanda de los manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023. Pero no ocurrió así.
Expulsada de Perú Libre por afirmar en una entrevista que nunca había respaldado el ideario del partido, Boluarte tuvo que tejer rápidas alianzas con la oposición. De este modo, carente del apoyo de la izquierda aparentemente radical que la llevó al poder, se convirtió en un mal necesario para la ultraderecha peruana, tan simpatizante del fascismo como de la dictadura fujimorista de los años noventa.
En la misma entrevista en la que se desmarcaba de Perú Libre, Boluarte pareció anticipar el giro autoritario del Congreso: “Desde que iniciamos la gestión con el presidente Pedro Castillo en este Gobierno popular, hemos sentido que el Parlamento quiere guiar el rumbo del gabinete porque no cesa de interpelar y censurar a diversos ministros”, afirmó. “El Congreso se quiere convertir en el Ejecutivo”.
Curiosamente, Boluarte se terminó plegando a esa prepotencia parlamentaria, y subsiste en el poder gracias a ella y a la impunidad que esta le confiere. Si la presidenta renuncia o convoca a elecciones —lo que pareció ser su primera intención al asumir el cargo—, el actual Congreso, de mayoritaria coalición ultraderechista y mercantilista, se vería obligado a perder dos años de poder, control, reformas a su conveniencia, ingresos económicos y otros privilegios. A pesar de contar con un amplio repudio del país —un 90% de ciudadanos suspende al Congreso, según una encuesta publicada en febrero—, se necesitan mutuamente para sobrevivir.
Boluarte llegó al Gobierno con un partido de izquierda que, pronto, demostró su debilidad por la corrupción y la prepotencia; y la ultraderecha que ahora la sostiene demuestra ser exactamente lo mismo, si bien cuenta con el aval del gran empresariado y los grandes medios de comunicación. Por estos días, además de un controvertido indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori —condenado por delitos de corrupción y lesa humanidad—, grupos extremistas como La Resistencia o Los Combatientes gozan de impunidad en su acoso contra periodistas imparciales o activistas y organizaciones de derechos humanos, mientras la Municipalidad de Lima —encabezada por el ultraderechista Rafael López Aliaga— ha pedido la demolición de El ojo que llora, monumento dedicado a la memoria de las víctimas de las violencia política en el Perú durante los años ochenta y noventa. Todo esto, ante la notoria ausencia de una propuesta de oposición honesta y convocante, y la estupefacción y parálisis de la gran mayoría de peruanos frente a los excesos de su clase dirigente.
Un análisis del Perú de hoy
COOLT convocó a un variado grupo de profesionales con sólida trayectoria en el Perú para compartir su mirada sobre la situación política del país, la actitud de Boluarte y su alianza tácita con un Congreso repudiado por la ciudadanía. Los entrevistados son los politógos Fernando Tuesta Soldevilla (profesor principal de Ciencia Política en la PUCP, exjefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales y expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política) y José Alejandro Godoy (autor de libros como El último dictador: vida y gobierno de Alberto Fujimori y Peligro: orden de disparar. Democracia y violencia en el Perú 1980-1986), los periodistas Marco Sifuentes (director de La Encerrona), Juliana Oxenford (directora de Bunker) y Clara Elvira Ospina (fundadora de Epicentro y exdirectora de Cuarto poder, el programa periodístico más visto de la televisión peruana), y el dramaturgo Eduardo Adrianzén (creador, entre otras obras, de la serie histórica El último bastión).
Estas son sus respuestas a nuestras preguntas:
- Boluarte llegó al poder como vicepresidenta de Castillo, pero ¿puede decirse que el suyo es un Gobierno de izquierda?
- Fernando Tuesta Soldevilla: Efectivamente, Dina fue vicepresidenta de la fórmula de Perú Libre. ¿Por qué su Gobierno no es de izquierda? Vladimir Cerrón, que es casi el dueño del partido, coloca a Dina, que no tiene formación profesional ni política sólida. Ella, como ministra, va a tener una posición más bien distante, porque tiene sus propios problemas, derivados de un conjunto de procedimientos que fueron causal de objeción por su participación en la presidencia del Club Apurímac, puesto que tuvo antes de asumir función pública. La situación de Castillo estaba al límite, y el Congreso la salva. Desde entonces, Boluarte le va a deber al Congreso su vida política. Una vez que ella asume, actúa colocándose, no como presidenta de transición, sino como una que quiere mantenerse hasta 2026, pese a haber formado parte del Gobierno. Sin embargo, sola no podía hacer nada porque había sido expulsada de Perú Libre, no tenía bancada, no tenía referencias de grupos sociales importantes en ningún sentido. ¿Consecuencia? Asume el Gobierno en condiciones de debilidad. Por lo tanto, va a ser dependiente del oxígeno político que le da el Congreso, y este Congreso es uno cuyo núcleo de coalición es de extrema derecha. Por lo tanto, su Gobierno será en ese sentido.
- José Alejandro Godoy: No se trata de un Gobierno de izquierda. Programáticamente no tiene ni siquiera una prioridad, y cualquier bandera de cambio en ese sentido es inexistente. Lo único que le importa a la señora Boluarte es permanecer en el cargo. Y ello hace que busque complacer los intereses particulares de las bancadas en el Congreso.
- Marco Sifuentes: Honestamente, más allá de la retórica, tampoco podía decirse que el Gobierno de Castillo era de izquierda. Todo lo contrario, desregularizó un montón de actividades, desde el transporte y la minería hasta la educación. A mí me gustaría que alguien de la izquierda mundial me dijera dónde desregularizar es de izquierda. El Gobierno de Castillo tenía una defensa de su propio sindicato de profesores, pero hasta ahí. Y ya con Dina Boluarte la cosa es más transparente, pues ella gobierna de la mano de la derecha más conservadora del Perú, a pesar de que le ha hecho ciertas concesiones a Perú Libre, que es un partido de izquierda radical. Por eso, es difícil establecer la crisis peruana en coordenadas ideológicas. Ciertamente, la derecha radical es la más prepotente y la que parece imponer su agenda de a pocos.
- Juliana Oxenford: Cuando Castillo da el golpe de Estado fallido, la única manera de mantener el poder hasta 2026 era haciendo alianzas, vendiéndole el alma al diablo, a la derecha más radical del Perú. [Boluarte] se unió a los mismos que poco antes la llamaban comunista o terrorista y que pedían que fuera inhabilitada por mentir en su hoja de vida. En cuestión de minutos u horas, pasó a convertirse en la “gran representante” de la democracia nacional, porque ella necesitaba de la derecha para subsistir y la derecha necesitaba a la otrora comunista para seguir en el parlamento, seguir haciendo reformas en la Constitución y seguir con sus lobbies hasta 2026, cuando hubiera concluido el mandato de Castillo, quien se suicidó políticamente con su golpe. Era candidata de izquierda, que aparentemente abrazaba los ideales del plan de Gobierno y discurso en campaña electoral. Luego, no solo coqueteó y se enamoró de la derecha, sino que terminó siendo una digna representante de la derecha más ortodoxa de nuestro país, aquella que no entiende absolutamente nada y que casualmente está aliada con la izquierda también radical, porque los extremos, como se ha visto en la historia política, tienden a unirse.
- Clara Elvira Ospina: Dina Boluarte y Pedro Castillo llegaron al poder con una plataforma de izquierda, pero ni él ni ella han actuado como gobernantes de izquierda. Perú Libre, el partido que los alojó, ha sido una mezcla de empresa política extractiva de los recursos públicos, mensajes comunistas trasnochados, conservadurismo y sentido práctico. En la mayoría de los temas, Cerrón es más cercano al fujimorismo que a la izquierda liberal. Por sus actuaciones, podría decirse que, ideológicamente, Boluarte es una pluma al viento: era promotora de la Asamblea Constituyente en campaña y ahora en el Gobierno sus políticas han sido de mano dura con la protesta, continuidad del statu quo, mensajes de “planes Bukele” para controlar la inseguridad, medidas contra los migrantes y permisividad con las iniciativas regresivas en materia de derechos a las mujeres. Los hechos muestran que la presidenta no actúa movida por ideologías, sino por apego al poder y búsqueda de la impunidad.
- Eduardo Adrianzén: Es absurdo y ridículo decir que el de Boluarte es un Gobierno “de izquierda”, cuando desde el mismo diciembre de 2022 se entregó a las fuerzas de derecha más conservadora (e incluso neofascista) que controlan el Congreso. Si bien entró en una plancha que se decía con un programa de izquierda (algo que tampoco el Gobierno de Castillo logró llevar a cabo), apenas tuvo el poder traicionó cualquier ideario y/o idea de izquierda. Hay que ser o muy ignorante o muy interesado en calumniar a la izquierda para achacarle alguna idea “de izquierda” a Boluarte.
- Fuera del Perú, muchos no entienden cómo hace Boluarte para mantenerse en el poder a pesar de numerosas denuncias y los asesinados en las marchas. ¿Cuál es la explicación?
- Fernando Tuesta Soldevilla: Esto tiene que ver con su dependencia del Congreso: ¿por qué no la vaca o desafora? Porque si lo hace se tienen que adelantar elecciones y los congresistas, cada vez menos ideológicos programáticos, más bien muchos con intereses mercantilistas y hasta mafiosos, no quieren dejar el Congreso. Entonces, Dina les es funcional. Y frente a las denuncias, solo tiene dos caminos: renunciar, cosa que ella no quiere, o que sea desaforada, lo que el Congreso tampoco quiere.
- José Alejandro Godoy: La explicación es la existencia de un pacto tácito entre el Gobierno y el Congreso. Una salida de Boluarte del poder supone, a la vez, una alta probabilidad de que sea detenida y que el presidente del Congreso asuma el Gobierno para convocar elecciones generales adelantadas. Los congresistas no desean perder dos años de remuneración e incidencia en políticas públicas.
- Marco Sifuentes: Lo que hay que entender es que en América Latina se está gestando un nuevo modelo de autoritarismo, el guatemalteco, y que ha empezado a convertir al Perú en su ejemplo más claro. Estos pactos, directamente mafiosos, aunque en apariencia partidarios, no son ideológicos. Es la defensa de una serie de intereses ilegales, mafias de educación, minería ilegal, tala, deforestación, transporte, y así. Esas mafias tienen una serie de representantes en el Congreso y ellos se juntan y tienen un pacto en el que se reparten el poder. Actualmente, la que gobierna no es Dina Boluarte, sino los congresistas que tienen el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Además, ahora mismo, han querido tumbar la Junta Nacional de Justicia y tenían a la fiscal de la nación, su mayor alfil. Los rezagos democráticos que quedan en el país han logrado suspenderla por un momento, pero pronto regresará. Entonces, Dina Boluarte es funcional a este pacto autoritario, lo que se llama dictadura congresal.
- Juliana Oxenford: El Congreso tiene mucho más poder que este Gobierno, es el que hace y deshace, el que corta el jamón. Ahora mismo gobierna el Perú una especia de autoritarismo parlamentario representado por estas esferas políticas que unidas tienen mayoría: Renovación Popular, Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular, sobre todo. El fujimorismo le ha dado seguro hasta su cronograma de estrategia política a Dina Boluarte, para saber en qué momento comienzan a sacar cosas desde algún flanco oculto, como nos tienen acostumbrados los fujimoristas. Justo empieza a salir del closet, desde los subterráneos, esta campaña de la resurrección de Alberto Fujimori, el patriarca, y otras estrategias que han manejado desde hace un rato para, cuando llegue el momento, darle la espalda a Boluarte y quedarse con lo que quieren: el Ejecutivo, el poder que te da gobernar un país. Esa es la única explicación por la que pasan por agua tibia los escándalos de Boluarte. Porque, ¿cómo es que los mismos que pedían la cabeza de Castillo y otros funcionarios del Estado con menor o mayor nivel, por denuncias bastante menores, a Boluarte no le dicen nada cuando impide el allanamiento a su vivienda o no da explicaciones sobre este nuevo escándalo de los Rolex? Y no solo omiten información, evitan tocar el tema. Y cuando lo tocan, salen en su defensa y van contra la Fiscalía o el Ministerio Público. No la quieren, siguen pensando que es una roja-terrorista-comunista-maldita, lo que pasa es que les conviene y, finalmente, en nuestro país, la política está conformada por viles oportunistas.
- Clara Elvira Ospina: Como el Congreso no quiere adelanto de elecciones, necesita apoyar a Boluarte para garantizar su continuidad hasta 2026. Adicionalmente, otros factores de poder como los empresarios y ciertas élites conservadoras han recuperado la Administración, no quieren perderla y temen la incertidumbre que generaría un adelanto de elecciones. En términos objetivos, cargar la responsabilidad de 50 muertos en la represión de las protestas debería poner en peligro a cualquier Gobierno, pero en términos prácticos, las mayorías parlamentarias, muchos empresarios y ciudadanos creyeron que las muertes fueron inevitables e, incluso, necesarias para garantizar que se acabaran las protestas y evitar el adelanto de elecciones. Una vergonzosa reinvención de la “cuota de sangre” de Abimael Guzmán, pero desde la derecha. La caída de Castillo significó un alivio para un amplio sector del Congreso y de las élites y, para decirlo en términos sencillos, han entendido que cualquier cosa es mejor que Castillo. Y porque también entienden que cualquier cosa es mejor que un posible Antauro Humala.
- Eduardo Adrianzén: Las masacres de diciembre 2022 y enero de 2023 lograron el cometido de paralizar de miedo a la mayoría. Es lo mismo que cualquier Gobierno tirano/ fascista/ autoritario hace apenas entra: matar, y, además, con impunidad para los responsables. Juntemos a eso el racismo intrínseco a la capital: para Lima, 50 andinos muertos no significan nada. No les importan, son peruanos de última categoría, o se lo merecían. La indiferencia de la capital por los asesinatos en regiones es de muy larga data, desde siempre es así. Por otro lado, hay una sensación de impotencia y decepción de prácticamente todas las fuerzas políticas, y una falta total de liderazgos capaces de unir toda esa decepción.
- ¿Cuáles son las causas principales de la crisis actual? ¿Hay una salida a esta zozobra permanente en que vive el Perú desde 2016?
- Fernando Tuesta Soldevilla: Es difícil decir si hay una salida a esta crisis permanente, porque en realidad nos estamos encaminando con estos mismos protagonistas a 2026, si no hay renuncia o vacancia. Pero, además, el Congreso ha dado a marcha atrás a muchas reformas, algunas importantes, y ha cambiado la Constitución para hacer al presidente muy débil. Entonces, un presidente que quiera gobernar va a necesitar no solo bancada propia, sino también coaliciones en el Parlamento que le permitan estabilidad. El país es ingobernable desde 2016, con seis presidentes; el poder está en el Congreso, la modificación de la Constitución para regresar a la bicameralidad está poniéndolo más fuerte aún. Y más al Senado, donde aspiran a estar varios del Parlamento actual. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hay un desincentivo para que gente que quiere hacer bien las cosas ingrese a una política cada vez más deteriorada, deprimida. Por ejemplo, el Congreso aprobó una ley para que profesores que no pasaron las pruebas mínimas para ingresar al magisterio puedan hacerlo. Estamos hablando de miles de profesores mediocres. Con eso siguen destrozando la educación, pero no les importa. Y tenemos una sociedad civil que se movilizó a través de un estallido social y no pasó nada. Entonces, hay un desgaste, un desánimo, y los escenarios no son particularmente favorables.
- José Alejandro Godoy: Las causas de la crisis actual se vinculan con un inadecuado diseño de las instituciones políticas en la Constitución de 1993, así como con la primacía de intereses particulares en la política, ligados en muchos casos a la corrupción. Por ahora, lo que podría cambiar las cosas es el avance de procesos judiciales contra estos políticos y el despertar de una ciudadanía que, decepcionada de todo, permanece apática.
- Marco Sifuentes: La principal causa de esta crisis creo que es el colapso de los partidos tal cual se entienden. Y ese colapso ha sido reemplazado por esta serie de partiditos que representan mafias, básicamente. El Caso Odebrecht golpeó muy fuerte al Perú y desarmó todo el sistema partidario. El vacío ha sido llenado por estas mafias y muchos, como el fujimorismo, se han sincerado o se han reconvertido en canales para estos grupos ilegales. La crisis es perpetua desde 2016. Y desde que ganó Castillo, tanto su Gobierno como el Congreso se dedicaron a destruir la institucionalidad peruana. Muchas de las instituciones que convirtieron al Perú en el milagro sudamericano del siglo XXI, como lo había sido Chile en el XX, han colapsado; casi no queda ninguna en pie. Y la Constitución ha sido cambiada de contrabando hace unas cuantas semanas. 50 artículos cambiados de porrazo. El diseño del Estado ha sido alterado de una manera casi irreversible por este Congreso. Entonces, si le sumas todo el daño institucional que ha ocurrido desde Castillo a esto último, pues yo creo que todavía tenemos espacio para seguir cayendo hasta que comencemos a volver a recuperar algo.
- Juliana Oxenford: Esta es una crisis que pasa por lo social, por lo cultural. Ahora mismo, creo que estamos en el momento más polarizado que hayamos vivido. No hay cabida a una opinión diferente, no es aceptado ningún tipo de discusión, porque tampoco tenemos personajes alturados que puedan proponer una salida. En el Perú no hay cultura política, lo que hay son oportunistas que se suman a cualquier propuesta política para poder vivir del Estado, de su mamadera. Y esta crisis repercute en un país donde la informalidad alcanza al 89% de la población, en donde las cifras de anemia de niños de 0 a 16 meses van en aumento, donde la educación sigue siendo un privilegio. Entonces, el peruano de a pie va absorbiendo como esponja todas estas serias faltas de respeto por parte de quienes nos gobiernan, y lo va procesando de manera tan lenta que en cualquier momento esto detona. Porque, repito, son factores políticos mezclados con factores sociales, y todo mezclado ha logrado que el Perú esté más dividido que nunca, más descuartizado. No nos reconocemos entre nosotros. La crisis podría terminar si se adelantan las elecciones o si somos más cautos a la hora de votar, pero los problemas que tiene el Perú ahora creo que van mucho más allá de lo que representan políticamente hablando: son males estructurales que deben ser diagnosticados para poder ser sanados, o al menos tratados, con gente que entienda lo que es el Perú, que entienda nuestra pluriculturalidad, y que entienda también que es una sociedad donde no existe la clase media, están los ricos y están los pobres, y eso lo ha generado el empresariado asociado con la clase política que ha estado representando al Ejecutivo o al Legislativo en su momento. Es un país que en 5 años ha tenido 5 presidentes. No hay estabilidad en ningún lugar. Ni política, ni social, ni una estrategia que se mantenga en educación, transporte o salud, que son, caramba, los derechos básicos a los que tendría que acceder cualquier persona en un país medianamente desarrollado o con deseos, fe, esperanza de algún día llegar a tener una nación más justa para todos.
- Clara Elvira Ospina: Hay variedad de causas, estructurales y coyunturales, que han producido un deterioro institucional profundo, una creciente desconfianza en las instituciones democráticas y una profunda insatisfacción ciudadana. La confrontación política —que no es nueva en el Perú— se agudizó tras la actitud del partido derrotado en las elecciones de 2016, que quiso imponer su plan de Gobierno desde el Legislativo, gracias a la aplastante mayoría que logró en el Congreso. La salida no es fácil, pero un buen inicio sería lograr una coalición amplia que reivindique los valores democráticos y logre consensos para rearmar una arquitectura institucional que balancee los poderes y que facilite la gobernabilidad y los controles. Un sueño difícil de cumplir cuando todos los factores reales apuntan a un deterioro cada vez mayor.
- Eduardo Adrianzén: Creo que seguimos siendo un país en duelo por la peste de 2020-21. Eso quebró todo. De no haber existido la peste, otra sería hoy la historia. La peste radicalizó, porque demostró que los supuestos 20 años de crecimiento fueron irreales cuando hubo una verdadera emergencia, y eso lo aprovechó el fujimorismo y su empeño en destruir la precaria democracia desde 2016.