A finales del pasado mes de marzo, las maras de El Salvador cometieron 87 asesinatos en tan solo dos días. Fue la peor ola de crímenes en la historia reciente del país centroamericano. Las bandas juveniles quebrantaron de esta forma su pacto de paz social con el Gobierno de Nayib Bukele. Como reacción, el presidente decretó inmediatamente el estado de excepción y declaró lo que se conoce como la “guerra contra las pandillas”.
Si bien el decreto aprobado el 27 de marzo tenía una vigencia de 30 días, la Asamblea Legislativa salvadoreña, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, lo ha prorrogado en siete ocasiones. El país acumula así más de medio año bajo una norma que permite suspender ciertas libertades y garantías básicas de la población, como el derecho a la defensa jurídica y a ser informado de los motivos de una detención.
Esta medida restrictiva prolongada en el tiempo ha sido criticada por organismos internacionales que velan por los derechos humanos, los cuales denuncian detenciones arbitrarias, estigmatización y malos tratos por parte del Estado. Recientemente, la organización Cristosal informaba de que al menos 80 personas han muerto en prisión sin haber sido enjuiciadas, un dato que da dimensión de las repercusiones que puede tener el régimen de exepción sobre la población civil.
Pese a todo, según los sondeos, una amplia mayoría de la ciudadanía salvadoreña aprueba el decreto del Gobierno de Bukele, si bien casi el 50% considera que no resolverá el problema de las maras, el cual se arrastra desde hace décadas.
Las maras, un problema histórico
Las maras están fuertemente arraigadas en El Salvador, y en los últimos tiempos se han transnacionalizado. Estas agrupaciones juveniles de carácter delictivo están presentes ahora en lugares como Honduras, Guatemala, Haití, México y España. Algunas tienen relación directa con las pandillas originales: la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Mara 18. Otras, simplemente, responden a conflictos internos de cada país.
Los orígenes del fenómeno de las maras se sitúan en la Guerra Civil de El Salvador (1980-1992), cuando cientos de familias, con sus hijos pequeños, huyeron del país y se refugiaron en Estados Unidos. Asentados en los barrios marginales de ciudades como Los Ángeles y criados en condiciones de desigualdad, muchos jóvenes acabaron formando pandillas que se relacionaron con actividades delincuenciales.
Ya en los años noventa, durante el mandato de Bill Clinton, los pandilleros empezaron a ser extraditados a El Salvador, pues se encontraban acusados de diferentes delitos. En su país de origen, también se refugiaron en comunidades urbanas marginales y se organizaron hasta convertirse en una mafia que lo mismo controla parte del territorio que se encarga del trasiego de drogas, la trata de personas o la extorsión.
De esta forma, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, los sucesivos gobiernos salvadoreños se han visto obligados a negociar con las pandillas, convirtiéndolas en claros actores políticos del país. Sin embargo, este 2022, el aumento inusitado de la violencia y la posterior declaración del estado de excepción han supuesto un punto de inflexión en la relación maras-Estado.
Un balance positivo para el Gobierno
El Gobierno de Bukele presume de los buenos resultados en materia de seguridad desde que entró en vigor el estado de excepción: “Hay más de 51.000 personas detenidas desde marzo tras ser acusadas de pertenecer o participar en maras o pandillas. Cerca del 90% de los detenidos han recibido órdenes de prisión preventiva. También hay un registro de casi 200 días sin homicidios, la recuperación de una tercera parte del territorio nacional y el cese permanente de las extorsiones”, destaca Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en entrevista con COOLT.
El dirigente relata que cuando el presidente Nayib Bukele inició su mandato, hace dos años, se puso en marcha el Plan de Control Territorial, lo que permitió conocer las actividades, los escondites, las estructuras y los nombres de la mayoría de los miembros de las pandillas. Una información que ahora ha hecho posible que se les capture de forma masiva.
“A estas alturas, el 90% de los detenidos ya están procesados por órdenes de los jueces. La detención que hace la policía se llama ‘Administrativa’ y en condiciones normales una persona sólo puede estar capturada tres días. Sin embargo, con el estado de excepción esto se ha ampliado a 15 días. En este tiempo el fiscal tiene la obligación de poner a las personas detenidas a las órdenes de los jueces”, dice Ulloa.
Asimismo, el decreto del estado de exepción otorga derecho a la policía de capturar sin necesidad de una orden judicial o fiscal, simplemente basta una denuncia ciudadana. También se han eliminado la libertad de asociación y la de circular libremente en ciertas zonas del país.
Pese a estas restricciones, según el vicepresidente de El Salvador, la ciudadanía está satisfecha con la medida: “El 97% de la población apoya el estado de excepción porque no está afectando la vida de los trabajadores ni de la economía o las actividades productivas. De hecho, el decreto se hizo unos días antes de la Semana Santa, y todas las actividades religiosas se desarrollaron con normalidad. El mismo día que se impuso hubo un partido de fútbol internacional. El estadio estaba repleto. Y, durante las vacaciones, las playas estuvieron llenas. Los hoteles tenían una ocupación de 80% de turistas internacionales y locales”.
Ulloa subraya que los reportes de la Asociación de Empresas Privadas y de la Asociación Salvadoreña Industrial muestran que no sólo se han incrementado sus actividades, pues muchas compañías dejaron de pagar las extorsiones que cobraban las pandillas, sino que ahora pueden llegar a áreas a las que antes era imposible porque estaban bajo el control de las maras.
“Recordemos que las pandillas controlaban más de una tercera parte de la población. Lo que controló el FMLN durante la Guerra Civil. Para ingresar y salir de una comunidad se tenía que pagar 25 centavos de dólar; los vehículos tenían que tener señales y en algunas regiones la gente no podía usar cierto tipo de calzado porque lo usaba la otra pandilla”, detalla.
El vicepresidente salvadoreño afirma que la guerra contra las pandillas se les declaró “en el momento en que el Estado estaba preparado para ganarla, no sólo con el equipo y la fuerza militar y policial, sino con toda la inteligencia que se tuvo durante los dos años anteriores”. Por eso, asegura, no se reportan grandes enfrentamientos ni muertos. “Ya se habla del ‘modelo Bukele’, Honduras, Haití y Perú lo están pidiendo, pues no desgasta a la sociedad”, menciona Ulloa, quien recuerda que las instituciones que critican la prórroga del estado de excepción no alzaron la voz cuando, por ejemplo, las pandillas asesinaban a población civil o se producían hasta 20 homicidios todos los días.
Las críticas al decreto de Bukele
La visión del Gobierno de El Salvador contrasta con la de distintos organismos de derechos humanos para los que el estado de excepción es sólo una medida de fuerza como tantas otras que se han promovido en el país desde la llegada de Bukele.
Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos de la ONG Servicio Social Pasionista (SSPAS), cree que dicho régimen es una estrategia para mostrar fuerza frente a las estructuras de las pandillas, luego de que se rompiera el diálogo al menos de manera momentánea con una de las principales bandas: la MS-13.
“Mantener de manera permanente el ejercicio de la fuerza pretende ser un factor para una nueva negociación, que evidentemente ha generado varias cosas, como las miles de violaciones de derechos humanos denunciadas formalmente por las organizaciones o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, explica.
“Los más de 50.000 detenidos que lleva el Estado salvadoreño son arbitrarios e ilegales: lo que hicieron fue aprobar el régimen de excepción y luego una serie de reformas que le permitieron al Gobierno generar condiciones donde las personas fueran detenidas sin ninguna capacidad de defenderse amenazando directamente a jueces y juezas para que establecieran la prisión provisional de la gente capturada”, asegura Reyna.
La activista del SSPAS explica que desde su organización han identificado patrones de detenciones donde la gente llama de manera anónima, a un número que se activó para denuncias, y señala como pandilleros a vecinos o vecinas con los que tienen conflictos comunitarios. A veces la policía identifica que las alertas son falsas, pero en otras ocasiones terminan deteniendo a los denunciados.
Asimismo, Reyna sostiene que es imposible saber con certeza si se siguen o no cometiendo homicidios desde que empezó el régimen de excepción, pues el Gobierno no hace pública la información, con la excusa de que es riesgosa para el Estado.
El abogado de derechos humanos Benjamín Cuéllar, miembro fundador del colectivo Víctimas Demandantes (VIDAS), se muestra crítico con la reducción de homicidios que el Gobierno salvadoreño atribuye al estado de excepción.
“Desde el día que Nayib Bukele tomó posesión como presidente y anunció el Plan de Control Territorial, los homicidios automáticamente bajaron a una cantidad inimaginable, incluso mayor a cuando gobernaron Mauricio Funes (2009-2014) o Francisco Flores (1999-2004), que son los mandatarios que pactaron una tregua con las maras”, dice el abogado, quien considera que la “guerra contra las pandillas” iniciada por el presidente salvadoreño básicamente persigue un fin electoral.
Tanto Reyna como Cuéllar coinciden en que entre los más de 50.000 detenidos de los que presume el Gobierno no figuran jefes de las maras, sino jóvenes pandilleros “cliqueros”, que conforman pequeñas células dedicadas a la extorsión, los asaltos y distintos delitos en pequeños territorios.
Para Cuéllar, las consecuencias del estado de excepción pueden ser un reflejo de lo sucedido en México. En ese país, durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), el Estado declaró una guerra contra el narco que trajo la muerte de cientos de civiles, calificados como bajas colaterales. El resultado, dice el activista, es trágico.
Hoy, en El Salvador, con decenas de miles de detenidos tensionando el sistema judicial y carcelario, el estado de excepción puede convertirse en una bomba de tiempo.