Hace cuatro meses que uno de los periodistas críticos más premiados de América Latina comparte cárcel con los corruptos que desenmascaró. En la prisión Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala, José Rubén Zamora (Guatemala, 1956) vive “absolutamente aislado”, no tiene más que su cama, su baño, algunos libros, la libreta y la pluma con las que escribe. “Cuando mi mamá y mi hermano lo van a visitar, les entrega las hojas y el equipo de elPeriódico lo publica”, relata su hijo José Zamora al teléfono desde Miami.
En la cabecera que fundó en 1996, José Rubén Zamora escribió este octubre, a sus 66 años: “Pasaré en la cárcel como preso político (...) hasta el último día, antes de asesinar mi conciencia”. El 30 de noviembre firmó la columna de despedida de la edición impresa del diario, que existirá ya solo en internet y con una mínima parte de su plantilla, ahogado por “el boicot comercial”. Este 8 de diciembre, un tribunal lo envió a juicio por los delitos de lavado dinero y otros activos, chantaje y tráfico de influencias. El periodista permanece en prisión preventiva. En junio de 2023 hay elecciones generales en Guatemala.
Zamora denuncia que el proceso que enfrenta por cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias es un “montaje” fraguado desde 2021 por el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, como represalia por investigar la corrupción en las instituciones. “Intentan llevarse por delante a un adversario político y mediático poderoso, con una cantidad de influencia en muchos ámbitos de la sociedad, tras múltiples agresiones contra otros periodistas y el exilio de varios”, indica Enrique Naveda, quien durante ocho años dirigió Plaza Pública, un medio nativo digital muy crítico con los poderes fácticos de Guatemala, especialmente con el empresariado, uno de los más influyentes de Latinoamérica en las políticas públicas.
Antes de su abrupta detención el 29 de julio, José Rubén Zamora había pasado más de dos décadas bajo amenazas y presiones por sus investigaciones sobre la corrupción de este Gobierno y los anteriores. En el 2000, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) lo nombró Héroe de la Libertad de Prensa. Su ingreso en prisión en julio desató una ola de condena internacional —la ONU, la UE, EE UU, organizaciones de prensa y de derechos humanos— que sigue hasta hoy. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo acaba de nombrar uno de sus directores, junto al periodista nicaragüense Juan Lorenzo Holmann, también encarcelado. La SIP recurre a esta fórmula por primera vez como una forma de “blindarlos y mantener sus nombres en la agenda pública”. De mostrar su compromiso con seguir pidiendo su liberación.
Tiempos difíciles para el periodismo en Centroamérica
Guatemala vive uno de los momentos más hostiles de su historia para el ejercicio del periodismo, una situación que comparte con la región. “Los periodistas centroamericanos enfrentan los tiempos más difíciles desde el final de nuestras guerras civiles y regímenes militares”, dijo el salvadoreño Carlos Dada, director de El Faro, cuando recibió el 10 de noviembre el premio del International Center for Journalists como pionero del periodismo investigativo. Centenares de periodistas están en el exilio, muchos en Estados Unidos, y decenas han sido encarcelados. “El periodismo —denunció Dada— ha sido criminalizado”.
Todos los reporteros consultados para escribir este artículo coinciden en que hacer periodismo independiente jamás ha sido fácil en Guatemala, pero hablan de un hostigamiento y opacidad nunca vistos desde la llegada a la presidencia del conservador Giammattei en enero de 2020. “En la era democrática de Guatemala, ningún Gobierno había logrado controlar los poderes del Estado como este”, señala la premiada periodista guatemalteca Claudia Méndez Arriaza, fundadora y directora editorial del programa radial ConCriterio.
José Zamora considera que “no hay mucha diferencia entre cada Administración en Guatemala, pero que ésta se volvió, además de sumamente autoritaria, sumamente descarada”. El arresto de su padre, la figura más icónica del periodismo guatemalteco fuera y dentro del país, “es el culmen de ese proceso”, anota Naveda. Un aviso claro para periodistas con menos recursos y menos nombre: si está en la cárcel Zamora, detrás puede ir cualquiera.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denuncia “que el Estado tiene una campaña permanente de persecución política contra periodistas y otras voces críticas”, en su primer informe semestral de este año. En ese tiempo contabilizaron 66 violaciones de la libertad de prensa, que ascienden a 350 desde que asumió Giammattei. Son actos de violencia física, restricciones, campañas de odio en redes sociales, seguimiento, negación de información o de ingreso en el ámbito público. “Creció en los últimos meses un discurso confrontativo que pretende señalar a los periodistas como desestabilizadores del Gobierno”, recoge el documento.
Un medio sometido a la asfixia económica
A la detención de Zamora siguió el embargo de cuentas a elPeriódico, un medio acostumbrado al bloqueo financiero. “Cuando yo entré en la redacción, gobernaba el país Otto Pérez Molina (2012-2015) y tenía un pacto con las empresas para que no pautaran publicidad en elPeriódico”, cuenta Cindy Espina, reportera política de ese diario desde 2014 hasta mayo de este año. “En los últimos meses que estuve allí, volvió a haber atrasos en nuestros pagos como cuando empecé. Yo siempre entendí la situación, son las consecuencias de ser un periódico crítico”, subraya, agradecida con el rotativo que considera su “casa”.
Espina, que ahora está estudiando en México, critica que ese boicot económico “no esté catalogado como amenaza, porque sí es un tipo de limitación a la libertad de prensa”. Las penurias financieras han dejado fuera del diario a algunos de sus compañeros, quienes ahora no encuentran empleo ni en el sector privado ni en el público, asegura, “por haber trabajado en elPeriódico”. “Nunca pensé que mi generación, tengo 30 años, tendría que ver todo esto. Nunca pensé ver a José Rubén Zamora, ese icono del periodismo, con esposas, llevado a prisión”, dice, y subraya que ella no se ha exiliado, aunque admite, con desesperanza, no ver un retorno seguro ni completo en el futuro.
Asaltos en la calle y mensajes intimidantes
Los periodistas de medios de alcance nacional o capitalino han estado más protegidos, pese a todo, por “la mayor capacidad institucional de sus medios, su mayor potencial de denuncia y su mayor vinculación con el régimen político y económico”, indica Enrique Naveda desde California, donde ahora es fellow del programa de periodismo John S. Knight de Standford. “Y, sobre todo”, añade, “por la ventaja de no vivir puerta con puerta con quien puede ser tu agresor, ya sea un alcalde, un concejal, un empresario local o un narco”.
Los periodistas locales y departamentales “nunca han dejado de tener problemas mayúsculos para ejercer el periodismo” y “están absolutamente desvalidos ante los grandes poderes”, remarca Naveda. En la capital, sin embargo, las agresiones y las presiones “venían generalmente de las grandes empresas”, algo que denunciaron constantemente en Plaza Pública. El papel del Gobierno como “agresor” se ha venido agravando desde Otto Pérez Molina, pero en particular con Jimmy Morales (2016-2020). Entonces fue cuando muchos periodistas y medios comenzaron a sentir un hostigamiento intenso de las fuerzas de seguridad e inteligencia que les llevó muchas veces a buscar protección en la comunidad internacional. “Se sufrían asaltos aparentemente arreglados en las calles, recibíamos mensajes de que iban a allanar nuestras viviendas”, relata.
La experiencia de los periodistas foráneos
En Guatemala hay una notable presencia de periodistas españoles que incluso han fundado medios guatemaltecos, como Enrique Naveda en Plaza Pública. Naveda siempre se sintió protegido “ante un evento de máxima gravedad” por la Embajada de España, tanto así que renunció a las ventajas de nacionalizarse guatemalteco para no perder esa salvaguarda. “Me advirtieron en la Embajada de que ellos no me podrían proteger si me nacionalizaba”, cuenta. Ser español fue “una característica ventajosa en sus posibilidades y desventajosa en la práctica”. Usaron su nacionalidad como argumento para tratar de sacarlo de la dirección de Plaza Pública, en base a una ley de 1963 (predemocrática) que dice que los extranjeros no pueden encabezar medios de comunicación. “Es una ley de cuando la dictadura de extrema derecha quería impedir que rusos y otras fuerzas internacionales dirigieran el discurso al interior del país”, explica el periodista, que llegó a Guatemala en 2005 y se fue este año del medio por voluntad propia.
Patricia Pernas dirigió la delegación de la agencia internacional de noticias EFE en el país durante casi cinco años, desde que ella tenía solo 25. “No puedo comparar mi experiencia con la de ninguna otra compañera guatemalteca por dos factores: uno es tener ese respaldo detrás [de la Embajada], que si lo necesitas lo puedes usar, y otro es no tener a mi familia viviendo allí, que al final, de una manera o de otra, es uno de los medios habituales para coaccionarte”, dice.
Pernas vio a cuatro presidentes en cinco años y vivió “actos y actitudes que se repetían”. “En Guatemala es normal que los periodistas tengamos los números personales de los ministros o incluso de los presidentes, pero también que vayas a una entrevista en la que utilicen tu género o tu nacionalidad para minusvalorar tu trabajo como simple estrategia de poder”, relata. Para ese país que ahora ama en la distancia desea un despertar como el de la “primavera guatemalteca” de 2015, la movilización histórica que condujo a la renuncia de Otto Pérez Molina. Después del arresto de Zamora este verano, miles volvieron a las calles. Está por ver qué reacción desata su sentencia.
