Era lunes 14 de febrero. Era día de muerte, no de amor. Veinte periodistas cenábamos en el café La Habana, por donde personajes como Fidel Castro, Ernesto “el Che” Guevara o Gabriel García Márquez acostumbraban a pasar cuando visitaban Ciudad de México. El motivo de la reunión era el de charlar la posibilidad de configurar el primer sindicato nacional de periodistas en México en mitad de una de las peores masacres de comunicadores por la que ha transitado este país. Aquella aspiración no resultaba menor, tampoco las circunstancias.
Al café La Habana llegamos con micrófonos, pancartas y una incertidumbre generalizada. Todos en aquella mesa habíamos pasado las últimas horas gritando en las afueras de la Secretaría de Gobernación por el derecho a la verdad y a la vida, sin, realmente, tener una posibilidad de exponer el problema.
Cuatro días antes al encuentro en el café La Habana, habían asesinado al periodista Heber López en Oaxaca. La quinta muerte de un reportero en México en lo que iba de año. Sin mayor investigación, protocolo o sensibilidad humana, llegaron después los que siempre “irán hasta las últimas consecuencias”. Consecuencias que, en el mejor de los casos, son un par de sujetos detenidos incapaces de explicar móvil, circunstancia o autores intelectuales. Un perfecto retrato de ese 98% de impunidad que impera en los crímenes contra la prensa en México desde hace años.
La impunidad también sobrevoló el asesinato de Armando Linares el pasado 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán. El octavo periodista muerto a balazos de 2022. Otro número, otra protesta, otro caso donde las autoridades demuestran que en México resulta más sencillo asesinar que dar con los responsables de dicho asesinato.
Del fenómeno, nadie tiene respuestas. Y de estos crímenes, solo se sabe que, si uno considera únicamente los primeros tres años de gobierno de los últimos tres presidentes, el actual periodo es el más mortal para la prensa en México.
Hasta el último corte realizado por la organización Artículo 19, de 2000 hasta hoy se han documentado 151 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor. Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. Solo dos ocurren en Ciudad de México, mientras Veracruz, Guerrero y Oaxaca encabezan, en ese orden, la lista de las lugares más mortales para ejercer el oficio. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 31 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es importante mencionar que la crisis de violencia en contra de los medios comenzó con la mal llamada “guerra contra el narco”, impulsada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Caldo de cultivo para la impunidad
Esa noche en el café La Habana no se pudo constituir el primer sindicato nacional de periodistas en México. Pero sí se logró dimensionar el problema. Ni una veintena de periodistas luego de cinco asesinatos a sangre fría pudimos concluir respecto al “por qué” de estos crímenes. Lo que es irrefutable es que México es un caldo de cultivo para ejercer violencia en contra de la prensa.
Llegar a esta conclusión resulta relativamente fácil dados los índices de mortandad en el país. Sin embargo, explicar el fenómeno requiere de muchos más elementos que un muerto tras otro. En primer lugar, porque desde la reforma laboral de 2016, donde se abrieron las puertas para que el outsourcing operara en México, también se logró precarizar como nunca antes al gremio periodístico. Al grado de que ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, máxima autoridad laborista del país, es capaz de identificar la cantidad exacta de profesionales de los medios de comunicación que existen.
Según estimaciones de algunos abogados laboristas probono (dado que las autoridades no tienen esta información, por lo menos de manera pública), apenas el 11% de periodistas en México —de 44.364 que cuantifica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— se encuentra contratado en condiciones de formalidad, es decir, con seguridad social, seguro de gastos médicos, fondo para el retiro, seguro de vida o cualquier otro beneficio fruto de las luchas laboristas.
De la misma inexplicable manera, México posee la peor Ley de Publicidad Oficial de la región. Con la normativa actual, los gobiernos le entregan el dinero del erario a las empresas de medios de comunicación que resultan convenientes al presidente en turno, y no a quienes posean las audiencias más significativas o quienes mejores productos presenten a la audiencia.
La Secretaría de la Función Pública señala que durante 2021 se ejercieron 2.248 millones de pesos de un total de 2.452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal correspondiente. Esto significa que el Gobierno federal actual gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11.398 millones de pesos del segundo año de la administración pasada. Lo anterior afecta a la pluralidad de ideas y de espacios para que las personas activistas puedan ejercer su derecho a la discusión pública. Actualmente, solo tres corporativos concentran el 30% de todos los fondos para publicidad oficial del país.
También la televisión y la radio se encuentran secuestradas por el poder político. Actualmente existe el riesgo monopólico, denunciado incluso en tratados de comercio internacional como TEMEC, respecto al uso de espectro de banda para telecomunicaciones (internet, radio y televisión). Las estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones reportan que existen un total de 1.500 frecuencias comerciales, 130 comunitarias y solo cinco frecuencias con contenido indígena. Es decir, la libre competencia es un sueño muy lejano para los medios de comunicación mexicanos.
Finalmente, prevalece la gestión deficiente del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista. Actualmente no existe ningún programa de reinserción social dirigido a periodistas desplazados por violencia, a pesar de que en todo el país se posee infraestructura de medios públicos totalmente facultados para ejercer y ejecutar un programa de esta naturaleza.
Las teorías sobre la violencia
Los periodistas organizadores de la protesta del 14 de febrero de impulsores del sindicato nacional de periodistas se autodenominan Asamblea Tenemos que Hablar. Para ellos, la violencia comienza con el proceder de las autoridades y con su irresponsabilidad a la hora de atender las necesidades laborales resultado del desmantelamiento del Estado.
Sin embargo, una de las tesis más socorridas por las versiones oficiales —es decir, las autoridades— es la de las muertes de periodistas a causa de una violencia imbatible ocasionada por el crimen organizado.
Para el periodista de investigación Ignacio Alvarado, la violencia en contra de periodistas se define como “cualquier actitud o acción que coloca en condición vulnerable al periodista, desde el esquema de contratación laboral, hasta la ofensiva verbal o física”. Partiendo de esta idea, el fenómeno de la agresión a comunicadores posee diversas capas de identificación. Es decir, en muchas ocasiones, el Estado sí resulta responsable.
Alvarado, especialista en seguridad nacional, explica que actualmente nadie conoce los contextos por los cuales han ocurrido estos asesinatos, de forma que resulta imposible tener una conclusión que categorice el fenómeno completo. Para él, toda conclusión resulta apresurada.
Alvarado pone como ejemplos los casos de Javier Valdez y de Miroslava Breach, dos periodistas mexicanos que investigaron las actividades del crimen organizado y que fueron asesinados en 2017. “Ellos son, junto a otros tantos, la muestra que resume las condiciones del país. Un país sumergido en corrupción. Un país con un alto índice de impunidad en el que jamás se han establecido de manera irrefutable las tramas que conduzcan a los autores intelectuales de los asesinatos”, dice Alvarado. “Lo que pasa con esto lo estamos viendo. Hay una reacción tras los crímenes, pero se exonera, por ejemplo, con el caso de Lourdes Maldonado, a un exgobernador. Y ojo, lo exonera el presidente en la principal tribuna del país, antes de siquiera abrir una investigación. Y esto resulta preocupante”.
Alvarado se refiere a Lourdes Maldonado, la periodista asesinada en Tijuana el pasado 23 de enero de 2022. Antes de ser acribillada, la comunicadora había denunciado en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de ataques en su contra, coincidiendo con el pleito que mantenía con su antiguo empleador, el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla. Maldonado le dijo al presidente: “Temo por mi vida”. También le pidió apoyo, ayuda y justicia laboral. No obtuvo ninguna.
