En los últimos 18 años, México ha vivido una serie de transformaciones políticas que han determinado su actual crisis humanitaria. Desde Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los últimos cuatro presidentes promovieron un rol fundamental de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, especialmente del Ejército, la Armada y, en los últimos tiempos, la Guardia Nacional.
Fox las empleó en la transición política mexicana, después de que el Partido Acción Nacional (PAN) ganara las elecciones del 2 de julio de 1999 y acabara con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba 70 años en el poder. Calderón y Peña Nieto las utilizaron al declararle la guerra al narcotráfico, la cual ha dejado miles de desaparecidos y muertos a lo largo del territorio nacional, y López Obrador las ha empleado en labores administrativas, turísticas y de obra pública, como la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles —dos de las obras más importantes de este sexenio—, así como en la vigilancia de las aduanas y de distintas zonas del país que se encuentran en un abierto conflicto con grupos del crimen organizado.
Esto último ha desatado un gran debate en México en torno al rol que las Fuerzas Armadas están jugando en el Gobierno de López Obrador. Mientras hay colectivos de derechos humanos que sí están de acuerdo con la militarización del país, porque responsabilizan a las policías municipales y estatales de la desaparición de sus seres queridos, hay otros que, junto a especialistas en materia de seguridad, plantean que se está produciendo un cambio de régimen.
Según el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, hasta el 15 de febrero de 2023 había más de 111.717 personas reportadas oficialmente como tales. Por su parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (CED-ONU) denunció en abril de 2022, durante su última visita al país, que los principales responsables del crecimiento de las desapariciones forzadas son los servidores públicos —tanto del ámbito federal, estatal y municipal— y el crimen organizado, al que consideró el perpetrador central de las desapariciones.
De hecho, en su primera decisión sobre una denuncia individual, el 4 de mayo pasado, el CED-ONU concluyó que el Estado mexicano incumplió su obligación de realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, un joven de 17 años secuestrado en su casa, en Veracruz, por hombres armados vestidos con uniforme de policía, el 11 de diciembre de 2022. El Comité consideró que, dado que había pruebas suficientes de la participación de agentes del Estado, “México tenía que probar, mediante una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, que la desaparición no fue causada por la participación directa de agentes del Estado o de personas que actuaran con la autorización o la aquiescencia de este. A falta de dicha investigación, se determinó que la víctima había sido objeto de una desaparición forzada”.
“Esta es una decisión importante que, por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Deseamos que las pautas fijadas en este caso proporcionen a México las herramientas necesarias para luchar contra el flagelo de la desaparición forzada, que azota el país, y para poner fin a una situación de casi absoluta impunidad, de la que este caso es solo una muestra”, dijo Juan José López Ortega, miembro del CED-ONU, en un comunicado difundido por esta entidad.
Posturas encontradas
Jesús Ramón Martínez desapareció en Hermosillo, capital del estado de Sonora, el 2 de diciembre de 2018. Fue secuestrado por policías estatales que lo subieron a una camioneta civil y se lo llevaron. Estuvo desaparecido cuatro años cinco meses y lo encontraron en una fosa común con 17 personas más.
Su madre, Cecilia Delgado Grijalva, integrante del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, sigue en la lucha por su sobrino, Alfonso Moisés Delgado, secuestrado el 23 de julio de 2020, y por muchas otras personas que han desaparecido en los últimos años. Cecilia está de acuerdo con la militarización en México, aunque no está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas ocupen espacios en la vida pública del país, pues cree que esa no debe ser su labor.
Daniel Cantú Iris fue secuestrado y posteriormente desaparecido por la Policía Federal en el municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 21 de febrero del 2007. Según su madre, Diana Iris García, fundadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, su secuestro está relacionado directamente con el del empresario marmolero Francisco León García, quien quería ser alcalde de la localidad de Gómez Palacio y estaba con Daniel en el momento del rapto.
“La militarización nos trajo mucho dolor porque se elevó el índice de personas desaparecidas en el país, especialmente entre 2006 y 2007”, dice Diana Iris. “En el noroeste, la presencia militar en las calles se produjo para supuestamente controlar la inseguridad. Fue una decisión errónea, porque sabemos que los militares no están preparados para la protección de los ciudadanos, sino para actuar en acciones bélicas. Ahí inició la gran tragedia que hoy vivimos, con más de 110.000 personas desaparecidas. Me atrevo a decir, como familia afectada por la violencia, que estamos ante un cambio de régimen político”.
Por contra, Cecilia Delgado Grijalva cree que la ayuda de los militares es “muy necesaria” para mujeres como ella, dedicadas a investigar las desapariciones forzosas en un entorno muy hostil. “En Sonora, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas por policías municipales y estatales que trabajan con el crimen organizado. Además, el narcotráfico tiene presencia dentro de la Fiscalía. El Ejército no representa una amenaza para las personas, ni para las libertades, ni las garantías individuales”, dice. “Por eso, confiamos mucho en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército”.
El peligro de la militarización
Especialistas en materia de seguridad coinciden con Diana Iris García en que la militarización en México puede causar un cambio de régimen.
Teresa Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que hay dos momentos que se deben tomar en cuenta en la actual coyuntura: por un lado, la nueva estrategia de seguridad nacional iniciada durante la presidencia de Felipe Calderón, “que fue fallida y que desató un estado de guerra no declarada en el país, donde la seguridad pública estaba absolutamente infiltrada por las tentáculos del crimen organizado”. Por otro, el mandato de López Obrador, que ha supuesto “una enorme sorpresa” al traer “no solo una continuidad de las labores militares en la tarea de seguridad cotidiana”, sino también la ocupación por parte las Fuerzas Armadas “de otros ámbitos de la vida pública”.
“Me imagino que lo que sucedió es que, una vez en el ejercicio del poder, el actual Gobierno se dio cuenta de lo endeble que está el panorama en el país porque tenemos ejércitos armados de sicarios. Supongo que se dieron cuenta de que la única garantía de que no se volviera un clima generalizado de dominio de estas fuerzas paralelas a las del Estado era darle un espaldarazo social muy importante a los militares”, explica la socióloga.
Un ejemplo de esa creciente intervención militar en los asuntos públicos, explica Rodríguez, es la Ley de Ciencia y Tecnología, que recientemente fue aprobada en la Cámara de Diputados y que asegurará un lugar a la Secretaría de Defensa y a la Marina en la nueva Junta de Gobierno del nuevo Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías. “Es la muestra militarista perfecta que ya no tiene que ver solo con la consideración costo-beneficio del estado de guerra en el que estamos, sino con un Gobierno que cree que tiene que dejar como herencia una gran participación de los mandos militares en asuntos absolutamente civiles por su naturaleza”, afirma la docente.
“Lo preocupante de este hecho y de que las Fuerzas Armadas ocupen tantos espacios en la vida pública”, dice Rodríguez, “es que parecería que en la actualidad el Ejército convive armónicamente con un Gobierno que lo está encumbrando, pero sí el día de mañana ese Ejército no está de acuerdo con la dirección del Gobierno en turno ni con la mayoría de la gente, podría ser el factor decisivo hacia un cambio de proyecto, y ese día la actual Administración se va a arrepentir de haberles dado tantos espacios”.
Enrique Pineda, investigador de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), analiza la militarización de México como parte del fracaso que supuso la transición democrática a partir de 2000: “El Estado mexicano no pudo contener un proceso de apertura económica de las transnacionales legales que prácticamente acapararon la riqueza del país, ni al enorme mercado ilegal que pasa por nuestra frontera con Estados Unidos, el cual se desbordó; y ha sustituido las opciones estatales de gobernabilidad y seguridad pública. El Ejército apareció como alternativa al poder civil debido a este fracaso”.
El problema, comenta el investigador, es que las Fuerzas Armadas en México son las mismas que vienen operando desde los años sesenta y setenta del siglo pasado, y no han sido reformadas. El mejor ejemplo de esto se aprecia con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, cuyos militares involucrados no han sido indagados e imputados por el Poder Judicial civil.
Sobre el actual Gobierno, Pineda cree que lo que no se puede negar es que existe una tendencia e intensificación hacia el militarismo y hacia el autoritarismo en diferentes ámbitos de la vida pública, no por su conducción, sino por el papel que se les ha dado a los militares en el propio Ejecutivo. Por ello, el investigador coincide con Teresa Rodríguez en que el problema no es ahora, cuando parece que las Fuerzas Armadas y el Gobierno tienen un mismo proyecto, sino en las posibles diferencias que tengan el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional con la Administración entrante en 2024.