El Chocó es la puerta de Colombia al Pacífico. Un territorio reconocido por su belleza, sus paisajes. El destino adonde se viaja si se quiere conocer el paraíso. O avistar a las ballenas jorobadas, que acuden ahí desde la Antártida para dar a luz a sus crías. Un departamento cuya geografía, historia, economía y transporte es principalmente fluvial: los ríos son los caminos a recorrer, por donde se articula y se construye territorio.
Precisamente, un río sirve de vía de acceso al municipio de Bojayá, en la subregión del Atrato. Un territorio históricamente golpeado por la violencia y desafortunado protagonista de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia, bajo la mirada cómplice de un Estado que abandona: el 2 de mayo de 2002, el lanzamiento de un artefacto explosivo al interior de una iglesia durante un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares causó la muerte de al menos 86 personas.
Aunque dos décadas después de aquella masacre parezca que todo va mejor en este territorio ancestral, esa percepción no podría estar más equivocada. En los últimos tiempos, aquí se ha registrado una ola de suicidios entre miembros las comunidades indígenas del pueblo emberá dobida (“gente de río” en español). Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bojayá, 23 personas se han quitado la vida desde 2022. Al menos otras 36 lo han intentado. La mayoría son mujeres. Y también abundan los menores de edad.
Estas muertes se suceden sin mayor explicación. Aunque hay un hecho evidente: la situación de vulnerabilidad y hostilidad en la que están inmersas las comunidades emberá dobida como resultado de la constante disputa por territorios entre la Compañía Néstor Tulio Durán del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Pablo José Montalvo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Estos dos grupos armados aprovecharon el vacío de poder generado tras la firma en 2016 de los acuerdos de paz del Gobierno con las FARC-EP para fortalecer su presencia en la zona, un área de gran valor estratégico para la movilidad y el control de economías ilícitas.
En el marco de este conflicto que parece lejano de apagarse, pueblos enteros están confinados en sus territorios y relegados a buscar comida como puedan, ya que las zonas en las que históricamente realizaban labores de cacería hoy son campos minados, patrocinados por los dos grupos armados que operan en la región. Hay meses enteros en que las familias se alimentan exclusivamente de plátano y maíz, pues las oportunidades de cazar son complicadas. A este confinamiento forzoso se añaden otros problemas generados por la presencia del ELN y las AGC, como las amenazas y el reclutamiento de jóvenes.
Dimensión espiritual
Las heridas que el conflicto armado inflige en el territorio se entremezclan con las particularidades de la cosmovisión indígena. Las comunidades emberá dobida —para quienes el agua del río es la leche materna que la madre tierra les brinda para sobrevivir— creen que su dios, Karagabí, les ha abandonado. Los terrenos que este ser supremo les había entregado como sagrados han quedado mancillados por la violencia, así que ahora reciben el castigo de su indiferencia. Los jaibaná, médicos ancestrales que ejercen la autoridad en las poblaciones indígenas, sienten que las tierras ancestrales en las que viven están plagadas de perturbaciones espirituales.
Nidia Cansarí Dogiramá, de 18 años, una de las sobrevivientes de estos intentos de suicidio registrados en la comunidad de Salinas, cuenta que, mientras estaba en su casa, una figura negra le ordenó ir a su habitación y usar su paruma panameña para ahorcarse. Sus primos la encontraron cuando ya se había colgado y, afortunadamente, actuaron a tiempo para evitar su muerte. A testimonios como el de Nidia se suman los de otros miembros de la comunidad que explican que, en lugares donde se han llevado a cabo enfrentamientos o han fallecido personas por las minas antipersona, los espíritus de los difuntos vagan y agreden a quienes pasen por allí. Según habitantes de Salinas, algunas personas llegan a suicidarse —o a intentarlo— por miedo a los agresivos fantasmas que rondan por los territorios que solían ser sagrados. Esta situación recuerda a episodios sucedidos en otras zonas de Sudamérica como Brasil, donde indígenas se colgaban de las ramas más bajas de los árboles ante la pérdida progresiva de sus territorios, y de esa manera expresaban su tristeza.
Un colectivo marginado
Lo que ha venido sucediendo con la etnia emberá dobida en el departamento del Chocó tiene relación también con la estereotipación y el racismo que sufren en general los pueblos indígenas en Colombia. La aversión que existe hacia sus creencias, prácticas y su cultura se vincula históricamente con episodios de violencia hacia ellos. En testimonios recogidos para el informe final de la Comisión de la Verdad —la entidad surgida del acuerdo de paz con las FARC-EP para arrojar luz sobre los crímenes cometidos durante el conflicto interno colombiano—, algunos paramilitares y actores armados declararon que “no sabían que matar indios no era un crimen porque no se les considera personas”. Eso evidencia otro factor en este círculo vicioso de violencias en la zona: se atenta contra la raza y el culto.
Todos estos condicionantes hacen que una problemática con razones claras se haya convertido en parte de una interrogante mayor con varias preguntas sin responder. Suicidios por ahorcamiento como los que se dan en entre los emberá dobida del Chocó se han presentado en otras regiones y comunidades del país. A falta de que las instituciones intenten resolver esta cuestión de salud pública que afecta a colectivos eternamente olvidados por el Estado, el río que baña Bojayá seguirá trayendo malas noticias.