Para llegar a Nueva Colombia el camino es, como dirían los abuelos, largo y culebrero.
Por donde se quiera ir, la comodidad es un factor ajeno y la inmensidad de la espesa selva de la Amazorinoquía es una constante que no deja de maravillar a aquellos que tienen como destino esa vereda de la región del Guayabero, en el departamento colombiano de Meta, una tierra remota llena de fauna, flora e incertidumbre. Desde San José del Guaviare son seis horas por tierra, trocha pura, hasta Puerto Nuevo, un caserío pequeño de casas distantes que, cuando llueve, pasa de tener vías a pantanos serpenteantes que marcan la ruta para continuar hacia Puerto Cachicamo o ir hasta el embarcadero donde espera una lancha para navegar hacia Nueva Colombia.
Ya en la vereda, usualmente a los invitados se les recibe en la residencia de Doña Eulalia. Ella, de más o menos un metro con sesenta, de cabellera plateada, arrugas sobre su cara y sus manos fuertes, lleva casi 40 años en Nueva Colombia. Aquí nacieron sus hijos, aquí hizo su vida y tiene para aquellos que llegan una residencia humilde y muy cómoda. Paredes de madera, piso de tierra, cama con toldillo, puertas que se aseguran con cadena, candado y cuyos alrededores en las noches se llenan de sapos por docenas que resguardan y como en un desfile, hacen pasillo hacia los baños.
De lunes a viernes y en ocasiones los sábados, sobre las cinco de la mañana, varios campesinos se dirigen a los cultivos de coca. Allí los raspachos, como se les conoce a quienes recolectan hojas de coca, trabajaban hasta mediodía para sacar las 20 ó 25 arrobas del día mientras el resto apoya como puede los procesos para evitar o minimizar las arremetidas del Ejército Nacional en los programas de erradicación forzada que se llevan a cabo en el Guayabero desde mediados de mayo del 2020.
En la altura de algunas palmas suenan los pájaros que acompañan y musicalizan el contraste de verdes de las matas de coca, plátano y monte con el azul del cielo y las camisetas de colores de los raspachos. Descalzos, con los dedos de las manos envueltas en toldillo para raspar y no lastimarse tanto las manos, se pueden encontrar personas de todos lados de Colombia: San Juan de Arama, San José del Guaviare, Villavicencio, Bogotá, Cauca, Bolívar, Valle del Cauca, Caldas e incluso inmigrantes de Ecuador, Perú o Venezuela. Los campesinos tienen claro que continuamente están en una situación de presión, entre la espada y la pared, entre el Ejército Nacional y los denominados Grupos Armados Organizados Residuales.
Históricamente, la región del Guayabero, cercana a los llanos del Yarí, había sido un territorio controlado por las tropas de las FARC-EP. Algunos de los antiguos miembros de la guerrilla hoy hacen presencia como disidencias del Frente Séptimo de las FARC, grupúsculo encabezado en esa zona por el recientemente fallecido Miguel Botache, alias ‘Gentil Duarte’.
En medio de esta región cuya historia ha sido escrita con balas, terror y sangre, los campesinos esperan que el panorama cambie para ellos. Constantemente piden garantías para poder dejar atrás el “maldito legado de la coca”, como algunos mismos dicen, pues esperan poder llegar a acuerdos con el Gobierno nacional y articular trabajos con la Administración regional. Sin embargo, para muchos es inviable poder empezar con la erradicación voluntaria cuando, además de ser invisibilizados, están en medio de las presencias hostiles de disidencias de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional. Esto ha traído una oleada de incertidumbre y constante sensación de inseguridad a la región. Los agricultores temen que el conflicto pueda agravarse y que, como en otras regiones del país, empiece a conocerse el Guayabero por titulares de tragedias en diarios y noticieros.
En gran parte de la población, e incluso desde el Gobierno nacional y los poderes territoriales, se ha llegado a estigmatizar a los pobladores de zonas rurales como Nueva Colombia por habitar en un territorio donde el conflicto ha sido un factor constante en su historia. Sin embargo, después de la firma del Proceso de Paz con las FARC-EP, se creyó que la situación cambiaría. El Programa Nacional Integral de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuya implementación iniciaba en el 2017 en la mayoría de municipios del departamento del Meta que fueron beneficiarios, brindaba una luz de esperanza: buscaba reemplazar de manera voluntaria los cultivos ilícitos de coca y empezar a manejar dinámicas económicas y productivas que funcionaran dentro del marco de la legalidad. Paralelo a esto, también se dio luz verde a la institucionalidad para liberar progresivamente de cultivos de coca a una zona de reserva como lo es la Serranía de La Macarena. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el año 2016, este parque nacional era el que contaba con más coca cultivada, con aproximadamente 2.548 hectáreas.
Cuando han pasado cinco años del despliegue del PNIS, el panorama es totalmente opuesto a las expectativas generadas. El incumplimiento ha sido constante y sistemático. La presencia de grupos armados, ya sean de carácter estatal o al margen de la ley, está generando un recrudecimiento de las violencias que, con esfuerzos conjuntos, se habían querido dejar atrás para dar un panorama distinto a las nuevas generaciones.
De esta forma, los procesos que han sido pilares del Proceso de Paz se tambalean. En la región del Guayabero se viven desde constantes violaciones al derecho internacional hasta hostigamiento a la población civil, la reaparición de minas antipersona y el desplazamiento forzado de comunidades de excombatientes firmantes de la paz, como la que residía en el Centro Poblado, en la vereda Playa Rica, que en 2021 tuvo que trasladarse por amenazas al municipio del Doncello, a 174 kilómetros de distancia, y que sigue esperando que el Gobierno y la Agencia para la Reincorporación y Normalización cumplan con las garantías de relocalización.
Según Ronal Echeverry, representante legal de la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Guayabero (ASCATRAGUA), la encrucijada entre las arremetidas del Ejército y las tropas de disidentes de la guerrilla parece interminable. “Yo renuncié a un sueño propio para trabajar por un bien colectivo, pero parece que no fuera a llegar porque el abandono estatal no nos deja otra solución que seguir cultivando coca para poder comer, porque es lo único que podemos vender con relativa facilidad”, dice.
Hasta la vereda Nueva Colombia no llegan carros y el trayecto hasta la ciudad capital más cercana para poder enviar productos como plátano o yuca tiene entre 36 y 48 horas de duración por río, lo cual no es viable ni por costos, ni por el estado de los productos. Es por esto que la sustitución de la coca en zonas tan remotas se torna tan complicada. Al momento de pensar en acogerse al PNIS, la pregunta que aborda a todo campesino es: ¿y qué se puede cultivar que permita tener suficiente rentabilidad? Porque, como afirman muchos allí, en zonas tan remotas y con tantas complicaciones “no se vive, se sobrevive”.