Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Así comienza la propuesta de nueva Constitución chilena, cuya aprobación o rechazo tendrá lugar el próximo 4 de septiembre a través de un plebiscito de salida en el que están obligados a votar todos los habitantes del país mayores de 18 años. Será la etapa final de un proceso que comenzó tras la revuelta popular de octubre de 2019, que forzó al Congreso a firmar ese mismo año un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” para dar salida institucional a las protestas callejeras.
El 25 de octubre del 2020 se realizó un plebiscito de entrada, en el que la ciudadanía chilena dio su apoyo (con un 78% de los votos) a la escritura de una nueva Constitución que sustituyera a la actual, de la época de Pinochet, y en el que también se decidió cuál sería el mecanismo para llevarla a cabo: una Convención Constitucional integrada completamente por individuos elegidos para el cargo, sepultando así a la otra opción, llamada Convención Mixta, que establecía que la mitad de integrantes procedieran del Congreso. Una vez aprobada esa fórmula, vino la elección de esas personas, en unos comicios celebrados el 15 y 16 de mayo de 2021. El resultado: un grupo de 155 convencionales constituyentes elegidos con una fórmula paritaria, la gran mayoría sin ninguna trayectoria en cargos políticos, y con una diversa representación de pueblos indígenas. El 4 de julio de 2021, este órgano comenzó a trabajar en la redacción de la nueva Carta Magna durante nueve meses, y su propuesta final es la que se somete ahora a referéndum.
Durante este año, a través de los medios, redes sociales o intervenciones públicas, se ha constatado que el progresismo de América Latina observa con especial atención el proceso chileno. Pero ¿por qué? ¿Qué representa esta propuesta de nueva Constitución para la región? Cuatro investigadoras y activistas nos lo explican.
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“Creo que este proceso constituyente conecta con lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas en nuestra región, y que apunta a la necesidad de un nuevo pacto social más pluralista e igualitario”, dice la argentina Luciana Cadahia, académica, filósofa y coordinadora de la Red Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Y entrega antecedentes históricos: “Colombia, en 1991, inaugura este proceso, cuando la guerrilla urbana del M-19 y el Gobierno hacen un pacto para crear una nueva Constitución atenta a las diferentes realidades sociales del país. Lastimosamente, ese pacto se truncó, ya que después de su aprobación vinieron varias décadas de hegemonía conservadora y narcoestatal. No obstante, ahora mismo, un exmiembro del M-19, Gustavo Petro, es el nuevo presidente del país y buscará materializar (y mejorar) ese pacto social truncado. Pero también cabe resaltar las Constituciones que le siguieron: Venezuela, Ecuador y Bolivia. En esa dirección, el proyecto de una nueva Constitución en Chile implica una continuidad relacionada con dos aspectos fundamentales: el reconocimiento de la plurinacionalidad y la necesidad de otorgarle derechos a la naturaleza. No obstante, también implica una novedad, que es el reconocimiento explícito de las diversidades sexuales y de las mujeres como sujetos derecho de primer orden y como ciudadanías activas en la construcción de la República”.
Respecto a la importancia que tuvo la participación de las mujeres en la redacción de esta propuesta chilena, otro antecedente histórico lo aporta, desde Brasil, Carol Althaller, coordinadora de Proyectos del Instituto Update: “Acá tuvimos un proceso constituyente en 1988, donde tuvimos una bancada de mujeres a la que se llamó Lobby do Batom, pero en Chile este proceso tuvo mucha más fuerza, algo que es fruto de la articulación del movimiento feminista chileno de muchos años”. Carol considera que el ímpetu del movimiento feminista chileno actual fue importante porque “permitió que, cuando las constituyentes llegaran a escribir este texto, fueran con las prioridades establecidas. Hay normas muy interesantes como la que consagra una vida libre de violencia, también cuestiones relacionadas con derechos sexuales y trabajo no remunerado, por ejemplo. El movimiento feminista es el que trae esta agenda de movilización contra la precarización de la vida y eso es muy significativo para la región, que enfrenta problemas similares”.
Desde México, Araceli Rodríguez, directora de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, coincide con el diagnóstico: “Este proceso es muy importante y lo miramos desde acá con interés porque implica, por una parte, la incorporación de aquellos grupos que hemos estado excluidos, como las mujeres e indígenas —y eso es producto del trabajo de los movimientos sociales—, pero también porque lleva una ampliación de derechos”, explica.
Además, Araceli destaca “el principio democrático de la paridad”. Para asegurar la representación de mujeres dentro del órgano constituyente, en Chile se estableció un mecanismo de paridad. Primero con una paridad de entrada, que obligaba a tener igual número de candidaturas de hombres y mujeres. Y luego, paridad al momento de los resultados, para la distribución igualitaria de escaños entre ambos sexos. Los ajustes hicieron que mujeres —que obtuvieron más votos— cedieran el cupo a hombres, de forma que la Convención Constitucional quedó integrada por 78 hombres y 77 mujeres. Sin paridad, la composición hubiese sido de 84 mujeres y 71 hombres.
“En México ya tenemos el principio de paridad, pero tenemos que afianzar la igualdad sustantiva. En Chile, desde el origen, el propio instrumento es paritario”, dice Araceli. “Es un ejercicio muy bonito porque esto permite que todos estos artículos, al estar permeados con la perspectiva de mujeres y grupos indígenas, arrojen todas las demandas arrastradas históricamente. Lo he conversado con otras politólogas y claro, creemos que es una iniciativa que traerá esos frutos de amplitud”.
No obstante, Luciana Cadahia, que cree que los feminismos son “una fuerza internacionalista y popular de primer orden”, alerta de las “estrategias pseudofeministas” promovidas desde el neoliberalismo, que ofrecen una alternativa al patriarcado “elitista y extractivista” en lo económico y lo cultural. “Hay que estar muy atentas a estos cantos de sirenas. Y creo que para ello todo feminismo que busque acabar con el patriarcado es un feminismo que no puede abandonar la lucha popular. Esto es: la lucha por radicalizar la democracia”.
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Artículo 1. 1.Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. / 2.Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. / 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.
El primer artículo de la propuesta de Constitución se lee como algo radical en un país en donde, hasta ahora y por décadas, los derechos han sido servicios a los que se accede dependiendo de los ceros en la cuenta del banco. En el que se organizan bingos para costear quimioterapias. En el que existe un sistema de ahorro de pensiones que invierte tu dinero, mes a mes, en la Bolsa. Y no tienes otra opción.
Algo también radical —y que se ha visto opacado en el debate público local— es que los 155 constituyentes de diferentes espectros políticos, realmente tuvieron que llegar a acuerdos. El quórum de aprobación de las normas se estableció en dos tercios, 103 votos. El promedio de aprobación de normas fue mayor que el mínimo requerido, resultando en 117 votos. Para que hoy los chilenos podamos leer esta propuesta, la izquierda, el centro y la derecha tuvieron que conversar y concluir en un punto. Como explica este artículo de Ciper, los constituyentes de derecha, en varias ocasiones, cruzaron el cerco y aprobaron normas junto a los otros grupos políticos.
“El hecho de hablar de un nuevo rol del Estado, de ser un Estado social y democrático de derecho, de que exista realmente una garantía de los derechos sociales, que es lo opuesto al texto hecho en la dictadura, me hace pensar en que tienen que aprobar sí o sí”, dice Carol Althaller, riendo. “Estamos hablando de una propuesta distinta a la mercantilización de los derechos, es fundamental”.
Por otra parte, destaca la investigadora brasileña, “existe también el reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan Chile, una tarea pendiente de toda nuestra historia a nivel regional”. Uruguay y Chile son los únicos dos países de Latinoamérica que no reconocen, en sus constituciones vigentes, la existencia de los pueblos originarios. En el caso de Chile, un 13% de su población pertenece a uno de los pueblos reconocidos por la Ley Indígena, como recoge Ciper.
Carol destaca asimismo “el reconocimiento a la crisis climática y la responsabilidad del Estado del cuidado y preservación de la naturaleza para sostener la vida humana. Es una constitución escrita en tiempos de crisis climática, es una constitución ecológica y feminista. Son grandes novedades”.
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Todas las entrevistadas coinciden en que América Latina se encuentra en un proceso de transición, cambio, apertura, despertar.
“Algunos amigos dicen que soy demasiado entusiasta, pero a mí me gusta pensar que se abre un nuevo ciclo progresista en la región”, dice la argentina Luciana Cadahia. “Necesitamos un nuevo pacto continental. Ponerle fin a la Doctrina Monroe, acabar con el dominio anglosajón y propiciar lo mejor que ha dado nuestro continente: una imaginación democrática. Si logramos promover una agenda de transición energética y conseguimos cambiar la política de drogas, que no hace otra cosa que fortalecer el crimen organizado como mecanismo de expansión del capital y destrucción de nuestras repúblicas, podemos decir que habremos orientado la tarea que exige nuestro siglo latinoamericano”.
Carol Althaller, por su parte, estuvo en Chile en marzo de este año, trabajando en el proyecto Nuestras Cartas, una iniciativa del Instituto Update y FES-Chile que investigó los procesos de innovación política en el trabajo de las mujeres electas en la Convención Constitucional. Visitó el antiguo Congreso Nacional —sede de la Convención durante los meses de trabajo— y estuvo presente tanto en la masiva manifestación feminista del 8 de marzo como en la toma de posesión de Gabriel Boric unos días después.
“Hay un proceso regional en curso que es muy lindo. Es difícil y tenemos miedo, pero, al mismo tiempo, estar en las calles chilenas en el 8-M y ver a un montón de compañeras creer en una posibilidad de cambio para mí fue entender, efectivamente, qué es lo que queremos, desde una perspectiva decolonial. Creo que estamos muy organizadas porque tenemos la conciencia de quiénes somos, de nuestras raíces, y de lo que queremos para nuestros países. No es fácil, pero los cambios que estamos viendo en cada país dan un poco más de esperanza para la región”, dice la académica brasileña.
Uno de esos cambios es el que comenta desde Colombia Vicenta Moreno Hurtado, activista feminista del movimiento negro, lideresa comunitaria y coordinadora de la Casa Cultural El Chontaduro: “Acá hemos seguido con atención el proceso, porque estamos en un despertar similar. Cuando nosotras estábamos en la construcción de la propuesta de un nuevo gobierno, lo que pasaba en Chile fue vital. Nos animó un montón cuando supimos que ganó el gobierno popular, se reactivó la esperanza. Con esto quiero decir que Chile está dándonos ejemplos de que es posible un Estado diferente y un gobierno diferente. Reactiva todas las esperanzas de Latinoamérica”.
Conectando con lo que apunta Vicenta, para Luciana Cadahia, “el triunfo del progresismo en Chile y Colombia, dos países azotados de forma sistemática por el neoliberalismo global, es un triunfo histórico para toda América Latina y el Caribe, es la demostración de que los pueblos sí pueden quitarse de encima el yugo de opresión histórica y que también son capaces de tomar las riendas de sus destinos en medio de una crisis civilizatoria sin precedentes en la memoria contemporánea”. Asimismo, la académica argentina hace hincapié en el actual Gobierno chileno, apuntando a un recambio generacional dentro del progresismo latinoamericano: “Podríamos decir que es la primera experiencia de Gobierno milenial, y eso es una responsabilidad enorme para los que pertenecemos a esa generación”.
Por su parte, Araceli Rodríguez dice desde México que se siente optimista: “Ahora mismo estamos transitando hacia una amplitud de derechos en la región. Si en Chile se llegan a dar estos derechos a la población indígena, al aborto, los derechos sociales como salud y vivienda, indudablemente estamos caminando a afianzar los derechos humanos. Ha costado, hay resistencia, hay una parte muy conservadora, pero si se logra dar en Chile, seguramente esa transición va a seguir en los demás países de Latinoamérica, se tomará esa base”.
Pero no es todo miel sobre hojuelas en el presente de América Latina. Así como hay avances progresistas, durante los últimos años también ha sido posible ver un avance de la ultraderecha. Sí, en Chile se propone una nueva Constitución con un texto para vivir en el siglo XXI, y también se ha impuesto un proyecto de Gobierno de centroizquierda. Pero en las últimas elecciones parlamentarias, el ultraderechista Partido Republicano obtuvo 15 escaños.
“Me parece que a partir de 2016 hubo un avance de la derecha en la región con el triunfo de Macri en Argentina, Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil, por citar algunos ejemplos. También tuvo lugar la destitución de líderes populares con Dilma Rousseff o Evo Morales, sin contar las destituciones previas en Honduras o Paraguay. Sin embargo, estos triunfos electorales no se tradujeron en una propuesta hegemónica. Todos estos Gobiernos, los de facto y los elegidos democráticamente, quedaron muy desgastados, y no ofrecen un horizonte de sentido. En esa dirección, la derecha y la extrema derecha tienen mucha fuerza destituyente, son capaces de hacer muchísimo daño a los Gobiernos populares, pero luego no son capaces de gobernar”, dice Luciana.
La académica argentina cree en cambio que los Gobiernos progresistas, “a pesar de los obstáculos propios y de las oligarquías regionales”, sí están haciendo “una apuesta de futuro, incluso una apuesta de futuro a nivel hemisférico: transición energética, ampliación de derechos a las comunidades negras, indígenas, diversidades sexuales y movimiento feminista. Están planteando la necesidad de articular un plan regional para cambiar la política de las drogas y del rol de América Latina en el mundo. La derecha, en cambio, solamente desea seguir con la lógica del despojo sin proponer un proyecto para la región”.
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Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, ¿conformado por diversas naciones?, ¿nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático? La decisión la sabremos en unos días. Mientras tanto, Latinoamérica observa.