Se acabaron las conjeturas.
Luego de meses de especulaciones, Luiz Inácio Lula da Silva puso fecha a su lanzamiento como candidato a la presidencia de Brasil. Este 7 de mayo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) presentó la fórmula electoral con la que él y el centrista Geraldo Alckmin concurrirán a las elecciones generales del 2 de octubre.
Construir desde los márgenes
La designación de Alckmin, exrival político de Lula —a quien este derrotó en los comicios de 2006 en una recordada elección— se enmarca en la alianza entre el PT y el Partido Socialista Brasileño (PSB), al que se afilió recientemente Alckmin después de abandonar las filas del centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
También el Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Michel Temer empuja un acercamiento a Lula, desligándose de una “tercera vía” alternativa. Lula dijo querer recibirlos con los brazos abiertos, y les aseguró que busca una alianza amplia y democrática que pueda resolver los grandes problemas que enfrentará Brasil en materia de empleo, pobreza y crisis económica.
Estos movimientos contrarían a gran parte de su base política. En el PT aún recuerdan que el partido de Temer formó parte de la alianza de Gobierno hasta que decidieron impulsar el impeachment contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento del expresidente. Lula sostiene que la democracia brasileña corre peligro con Jair Bolsonaro en la presidencia. De allí, todos sus gestos por construir una propuesta ganadora.
Las posibilidades de Bolsonaro
Estas decisiones del expresidente brasileño toman nueva relevancia tras conocerse los resultados de las últimas encuestas. Si bien Lula mantiene una ventaja clara, todos los sondeos perciben una recuperación de la intención de voto de Bolsonaro y de la valoración de su gestión gubernamental. Las consideraciones positivas y regulares de su manejo de la pandemia superan a las negativas por primera vez desde 2020, a medida que la crisis va quedando atrás en la emergencia, pero también en el ánimo social. La crisis sanitaria dejó de estar hace ya tiempo entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, para ser sustituida, de un tiempo a esta parte, por la inflación, el desempleo y la crisis económica en general.
Bolsonaro tiene chances y puede construir sobre un electorado socialmente mucho más conservador que hace una década, además de agitar exitosamente una vez más los “fantasmas del pasado” que pesan sobre el PT. Tal es así, que uno de sus slogans de campaña reza: “Con mi Gobierno se acabó la corrupción en Brasil”. Si bien esta receta le dio muy buenos resultados en 2018, su gestión no está exenta de hechos delictivos, tal cual se expresa en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación, más conocida como CPI pandemia, que investiga las acciones gubernamentales para enfrentar la pandemia en Brasil y detalla una serie de delitos que incluyen política de desinformación y crímenes de lesa humanidad. A todo esto, se suma el funcionamiento de una “oficina de negocios” en pleno Ministerio de Educación dedicada al pedido de coimas para acelerar el envío de partidas presupuestarias. Si bien estas partidas son de carácter obligatorio, sus responsables —dos pastores evangélicos sin puestos oficiales— eran los encargados de la “operatoria” para la pronta llegada de los recursos con el fin de financiar áreas educativas en distintas jurisdicciones, a cambio de “mordidas”. El escándalo se llevó puesto al ministro Milton Ribeiro.
De resultar vencedor en las próximas elecciones, Lula anunció que convocará a los pueblos indígenas a participar del plan de Gobierno. El líder izquierdista adelantó que tiene previsto crear un ministerio para los pueblos originarios y aseguró que revocará todos los decretos y resoluciones de Bolsonaro que permitieron el cese de la fiscalización en las reservas. Esto último se debe interpretar como un claro mensaje dirigido a los garimpeiros, quienes manejan a las mafias de la minería ilegal que causan devastación en tierras indígenas.
Otros destinatarios de medidas a adoptar son las principales centrales sindicales del estado de São Paulo, ante quienes se comprometió a impulsar una reforma tributaria —para que aporten en mayor medida los sectores más ricos— y una nueva legislación laboral consensuada.
La apuesta de cara al futuro
El cálculo de Lula se pone en valor ahora que Bolsonaro se recupera y el centro se convierte en un terreno de disputa con una derecha de agenda reaccionaria que, con distintas formas, se ha convertido en protagonista en gran parte de las polarizaciones occidentales.
Por otro lado, la etapa económica, como sucede también en la Argentina, estará más marcada por la necesidad de retomar el crecimiento de un producto bruto que se mantiene por debajo del nivel por habitante de 2011, que por la disputa en la distribución de excedentes.
La apuesta de Lula es revalorizar su liderazgo carismático en un Brasil muy distinto al que dejó en 2010. Todo esto debe ser posible sin alterar la macroeconomía y, a la vez, iniciar la senda hacia un nuevo contrato social. Un dilema que ha impregnado también las agendas económicas de Gabriel Boric en Chile y de Andrés Manuel López Obrador en México, muy pendientes de cuestiones como el déficit, la inflación y el ritmo de crecimiento del gasto público.
Un líder con proyección internacional
Si bien el contexto regional no es el mismo que el del principio de siglo, Brasil sigue siendo un país gigante en América Latina y en el mundo. Con Lula ganador, se abriría una nueva oportunidad para que todos los gobiernos progresistas de la región —desde una posición más modesta y moderada— se integren en un nuevo proyecto común para jugar en bloque. Esto debido fundamentalmente a que la correlación de fuerzas no es la misma que en la etapa anterior de su Gobierno, además porque tiene frente a sí a una derecha más potente. Por otra parte, las disputas geopolíticas actuales han modificado el tablero internacional.
La prioridad de Lula es ganar las elecciones, sobre todo luego de la caída en la consideración ciudadana de quien fuera su principal detractor: el exjuez y exministro Sergio Moro. Más a su favor, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó recientemente que se violó el derecho del expresidente a ser juzgado por un tribunal imparcial en la operación anticorrupción Lava Jato. Los expertos del organismo internacional aseveraron que se violó el debido proceso al vulnerar sus derechos políticos y su privacidad. Estos abusos significaron para Lula 19 meses en cautiverio y su imposibilidad a presentarse como candidato en las elecciones de 2018.
Las condiciones de liderazgo del expresidente se mantienen intactas. Hasta se permitió exhortar a “vencer a la extrema derecha” en Francia y pedir el voto por Emmanuel Macron en el último balotaje, aduciendo que el impacto de los comicios irá más allá de las fronteras francesas al poner en juego el futuro de la democracia en Europa y en el mundo.
En poco tiempo sabremos si esta versión de un Lula más conciliador, con su prudente reformismo de campaña, inclinarán la balanza a su favor y le permitirán ubicar a Brasil en el sitial de reconocimiento mundial que supo ostentar y así liderar un proceso de integración en la región. Todo un desafío.