Decapitaciones, cadáveres colgados de puentes, magnicidios, guardas de seguridad abandonados en plena calle con chalecos bomba, atentados con explosivos.
Ecuador era en 2017 uno de los países más seguros de América Latina, con una tasa de 5,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy es uno de los más violentos, tras registrar, en 2022, un récord de 4.603 homicidios, que suponen un ratio de 25 por cada 100.000 habitantes. Esas elevadas cifras empeorarán considerablemente este 2023, para el que se proyecta un ratio superior a 40 muertes violentas por cada 100.000 ecuatorianos.
Nadie está seguro en el país sudamericano. El pasado 9 de agosto, el candidato presidencial centroderechista, Fernando Villavicencio, fue asesinado de tres disparos tras protagonizar un mítin en Quito. El político oscilaba entre la tercera y la cuarta posición en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones de este 20 de agosto. Había recibido amenazas tras señalar con dureza a las mafias que controlan el país. El crimen dio la vuelta al mundo, mostrando la crudeza de los grupos delincuenciales en el país andino.
¿Cómo ha llegado la violencia en Ecuador a superar a la de México, Brasil y Colombia en apenas un lustro?
Centro del tránsito de la cocaína colombiana
La crisis de seguridad que desangra al pequeño estado andino, de 17,8 millones de habitantes, es multicausal, pero ha sido espoleada por cambios en el negocio del narcotráfico a nivel regional.
Ecuador se ubica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, en un momento, además, de récord histórico de producción que, entre otros factores, ha propiciado incluso un pronunciado descenso del precio de la materia prima, la hoja de coca, en el país cafetero.
El territorio ecuatoriano se ha ido convirtiendo, poco a poco, en un punto clave para el tránsito de la droga hacia EE UU y Europa, tras el desmantelamiento de algunas de las mayores estructuras del narco colombianas durante las dos últimas décadas.
A esa realidad contribuye también la penetración desde Colombia de elementos disidentes de los acuerdos de paz de 2016, muy relacionados con el control de las rutras del narcotráfico.
Asimismo, la Policía y el Ejército de Ecuador ejercen un débil control fronterizo, marítimo y aéreo, según las mismas autoridades admiten, lo que hace que las mafias trabajen con mayores facilidades que en Colombia y Perú.
De esta forma, según datos de la ONU, Ecuador es ahora el primer país latinoamericano exportador de droga hacia Europa.
El territorio ecuatoriano, además, se habría convertido en un centro de acopio tras los cambios de estrategias del crimen organizado colombiano.
En esa ecuación cobran especial importancia los puertos del país. Los niveles de violencia se han disparado, especialmente, en Guayaquil, Esmeraldas y Manta, tres urbes con importantes conexiones marítimas, muy codiciadas por los narcos y donde las autoridades están desbordadas.
De los 300.000 contenedores que salen cada año del puerto de Guayaquil, las autoridades apenas pueden inspeccionar el 20%, aseguró recientemente una fuente policial a The New York Times, dando cuenta de la debilidad de los controles estatales.
El 80% de los asesinatos que han tenido lugar, en los últimos años, en Ecuador están relacionados con el narcotráfico, aseguran las autoridades.
Mafias patrocinadas por los carteles mexicanos
En paralelo a su consolidación en el mercado global de la droga, Ecuador ha visto cómo las bandas criminales entraban en ebullición.
Hace unos años los liderazgos en el mundo del narcotráfico en el pequeño país andino estaban claros. Desde 2013 se fortaleció un grupo conocido como “Los Choneros”. El asesinato de su líder, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en 2017, provocó un estallido de violencia y la atomización de los grupos criminales.
Hoy en Ecuador se enfrentan a muerte varias bandas como Los Choneros, Los Tiguerones, y diferentes escisiones y clicas, sembrando el terror en los barrios más humildes de Guayaquil y Esmeraldas.
“No hay una jerarquía ni una vocería en la mayoría de estas mafias. Son agrupaciones muy etéreas. Cambian de mando, por decirlo de alguna forma, de un día para otro, porque muchas tampoco tienen un gran tiempo de permanencia. No tiene nada que ver con las maras en El Salvador o las organizaciones criminales de Brasil, y por eso no se pueden adoptar las recetas de lucha contra la criminalidad de esos otros escenarios de violencia”, asegura a COOLT Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), con sede en Guayaquil.
Esas bandas no actúan solas. Están patrocinadas por los poderosos carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que libran su propia guerra en el país norteamericano, y también por la mafia balcánica, generando un cóctel de violencia que está desangrando a Ecuador. Esos grupos extranjeros acuden al país andino para conseguir droga que luego distribuyen en sus áreas de influencia, pero no operan directamente en el territorio, sino que se sostienen en las organizaciones locales.
Corrupción estatal y connivencia con las fuerzas de seguridad
Los grupos criminales se alimentan también de la corrupción estatal, actuando en connivencia con agentes policiales y de seguridad, así como con elementos del sistema judicial, según denuncian numerosos expertos en seguridad.
Decenas de agentes y jueces han sido acusados de colaborar con el crimen. Villavicencio había prometido, antes de su asesinato, depurar las Fuerzas Armadas y la Policía, tras denunciar la infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales.
“Es la cooptación de los organismos de control”, denuncia Navarrete. “Los cuarteles militares sirven también como lugares de acopio de droga. Hay una penetración muy fuerte y vemos que no hay una salida pronta de esta crisis”, añade el director del CPDH.
Son numerosas las fuentes que advierten, estos días, en Ecuador, que hay que tener cuidado con quién se habla, porque nunca se sabe quién puede estar escuchando.
Un país permeable al dinero sucio
Otra de las principales observaciones de quienes siguen la evolución de la violencia en Ecuador es la laxitud del país en el combate contra el dinero sucio generado por el narcotráfico.
El Estado andino tiene una legislación opaca que hace muy factible el lavado de los fondos del narcotráfico, y cuenta además con una “ventaja competitiva” con respecto a Colombia y Perú: su economía está dolarizada, flexibilizando el tránsito del dinero para los criminales.
Son numerosos los analistas que han pedido mejores herramientas legales y controles estatales para impedir el lavado de dinero, sin éxito.
Fuerte desinversión social
El cóctel se completa con la fuerte desinversión en políticas sociales llevadas a cabo por los Gobiernos del centroizquierdista Lenín Moreno (2017-2021) y del conservador Guillermo Lasso (2021-2023).
“Ha habido un recorte muy fuerte en el ámbito social. Con este Gobierno y el anterior hemos padecido la falta de implementación de política pública para sectores vulnerables. Ese abandono estatal ha hecho que la situación empeore más”, subraya Navarrete.
Durante los Gobiernos del izquierdista, Rafael Correa (2007-2017), coincidentes con una aguda bonanza en el sector petrolero, clave para las finanzas del país, se logró un descenso considerable de los índices de la pobreza, que repuntaron con fuerza en los últimos años, especialmente tras una pandemia que se cebó con fuerza en el país andino —Guayaquil fue uno de los escenarios principales del coronavirus en el mundo— y también con las dificultades generadas por la guerra de Ucrania.
El resultado es que en los barrios hay hambre, muchas necesidades, y parte de los jóvenes ven la delincuencia como una forma de subsistencia.
La violencia se ceba con los jóvenes
Parte importante de la estructura de los grupos criminales son, por ende, menores de edad. La delincuencia llega a operar dentro de los colegios. Algunos centros educativos han llegado a ser militarizados en ciudades como Guayaquil.
“Hay una expansión del reclutamiento forzoso de niños, estén o no en el sistema educativo, que está siendo intervenido por los grupos criminales. Si los chicos no aceptan el reclutamiento, mueren. Más de 200 menores de edad fallecieron el año pasado, especialmente en Guayaquil, por negarse a pertenecer a las bandas. Los enfrentamientos se están dando también al interior de las escuelas”, advierte Navarrete.
“La violencia no solamente ha tomado cuerpo en las cárceles y en las comunidades, también en la mente de los niños, que ahora ven, sujetos a la violencia, la necesidad de involucrarse en estas economías ilícitas y la única manera de sobrevivir. Los padres ya no están llevando a los hijos a la escuela por todos estos temores”, añade el director del CPDH.
Abrupto aumento de la delincuencia común
Los recortes estatales afectaron especialmente al presupuesto de las prisiones y Ecuador perdió el control de sus cárceles, que se han convertido en los cuarteles generales de los narcotraficantes.
Entre rejas han sido asesinados más de 400 presos desde 2021 por los enfrentamientos entre bandas criminales, en masacres que han llegado a dejar más de un centenar de muertos.
Allí, en las prisiones, surgió la violencia que ahora se ha extendido a los barrios del país, especialmente de las ciudades portuarias.
Preocupa especialmente el drástico aumento de la extorsión, que creció un 300% en el último año. En ciudades como Guayaquil apenas existen zonas libres de esos cobros realizados por las bandas criminales a cambio de una promesa de seguridad. Los delincuentes han llegado a poner explosivos en las puertas de los comercios que no pagan, y también han recurrido al secuestro de comerciantes como instrumento de terror.
Parte de la ciudadanía vive encerrada en sus propias urbanizaciones, y ha dejado de frecuentar bares y restaurantes por temor a robos o secuestros.
Un comerciante extorsionado de Guayaquil aseguró a este medio que nunca antes sus amistades habían viajado tanto al extranjero. En otros países se gastan lo que no consumen en Ecuador por miedo a hacer vida en lugares públicos.
Crímenes como el de Villavicencio son tristemente comunes. Ni siquiera había pasado una semana del magnicidio cuando fue asesinado Pedro Briones, un dirigente correísta en la ciudad de Esmeraldas. Este mismo año fue asesinado también el muy popular alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Los periodistas denuncian amenazas. Decenas han abandonado el país. Destaca el exilio autoimpuesto de Anderson Boscán y Mónica Velásquez, del portal La Posta, que denunciaron una supuesta trama de corrupción en el Gobierno de Lasso y dejaron el país el pasado 26 de junio.
Una sociedad rota y un Gobierno sin respuesta
La situación ha generado un rápido quiebre del tejido social, especialmente por la velocidad de la expansión de la violencia en un país que no está acostumbrado a ella.
El Gobierno de Lasso reaccionó decretando hasta 17 veces estados de Excepción parciales, que no han servido de mucho, porque la violencia ha aumentado considerablemente en los últimos meses.
Navarrete exige mejorar la situación en los barrios, y otros analistas y activistas reclaman medidas como un convenio bilateral con Colombia para dificultar el paso de la droga o un completo remezón al sistema judicial, pero la mayoría no ve posible que el panorama mejore a medio plazo.
A la crisis contribuye también la gran fragmentación de la política en un país que rechaza a sus representantes, especialmente a los congresistas.
La violencia ha propiciado que parte de los ciudadanos reclamen mano dura contra el crimen, lo que podría dar alas a perfiles similares al del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
De momento, eso no se ha materializado en las elecciones del 20 de agosto: el candidato más próximo a las tesis de Bukele, Jan Topic, quedó en cuarta posición, fuera de la carrera presidencial que enfrentará a la correísta Luisa González con el empresario Daniel Noboa. Sin embargo, Christian Bravo, docente de Comunicación Política, alerta: “No hay que descartar figuras radicales que se embanderen con la causa de enfrentar de una manera contundente a la delincuencia”.
La violencia ha provocado también un pronunciado aumento de la migración. La ecuatoriana es ya la segunda nacionalidad que más cruza la selva del Darién, que divide a Colombia y Panamá, en ruta hacia EE UU, sólo superada por la venezolana. Los migrantes escapan de un país que está desbordado por la violencia.